Jueves 10.7.2025
9.2.2018. El caso del convenio de la Universidad Nacional de La Plata con la Municipalidad de La Plata por el Estacionamiento Medido ya fue elevado a instancia de juicio y es materia de investigación de la justicia penal platense. Lo que llama la atención en esta cuestión es que los procesamientos solicitados abarcan a peronistas, macristas, radicales y massistas, que convierte al mismo en lo que podría ser considerado un caso de corrupción multipartidaria.
Los hechos, dados a conocer por este portal hace pocos días, dieron cuenta de que la Municipalidad de La Plata contaba con un sistema de Estacionamiento Medido propio, que fue destacado como de altísima calidad en la visita del gerente de la empresa canadiense Verrus, que posee dicho sistema en más de 75 ciudades del mundo, como Londres, Paris, New York, Miami, sólo por contar algunos.
El sistema, en esa época, con mucha menor cantidad de espacios que en la actualidad, contaba con 500.000 vehículos diferentes que estacionaban por mes, a $ 1 (Un Peso) la hora.
Hoy, la Municipalidad de La Plata señala, por medio de la información que le brinda la UNLP que, con el doble de espacios para estacionar, con un parque automotor muy superior al de hace 8 años, que no llegan ni cerca a ese número de vehículos estacionados (ver foto que acompaña esta nota). La tarifa actual -de 8 a 10 y de 14 a 20 hs- es de $ 4,50 mientras que de 10 a 14 hs (horario pico) la tarifa es de $ 6.
Lo que se preguntan en la justicia por estas horas es lo siguiente: ¿Qué control tiene la Municipalidad de que la UNLP no dibuja esos números? ¿Cómo puede ser que siendo más los lugares y muchísimo más cara la hora, la recaudación sea menor que hace 8 años?
Los pedidos de procesamiento abarcan a ex funcionarios peronistas, a parientes de funcionarios nacionales, concejales del Frente Renovador y autoridades de la UNLP. Los delitos a los que se pide sean imputados son defraudación por administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionarios públicos (artículos 26, 29, 40, 41, 45, 46, art 77 párrafo 4to, 172, 173 inciso 7°, en función del artículo 174, inciso 5°, art 248 del Código Penal de la Nación); estafa (art. 172/173 del Código Penal); asociación ilícita (Art. 210 del CP); Falsificación de documento público (art 292 del CP), que suman casi una veintena de años de prisión.
Las denuncias por administración fraudulenta abarcan al ex intendente platense Pablo Bruera; a la ex secretaria de Modernización, Alejandra Sturzenegger; al presidente y vice de la UNLP, Raúl Perdomo y Fernando Tauber, respectivamente; a autoridades del Centro Superior para el Proceso de la Información (CeSPI), como ser Francisco Javier Díaz, y a los miembros del Consejo de Administración, Lic. María Alejandra Osorio, María del Carmen Lago, Ing. Pedro Andrés Brissón, Lic. Juan Marra, Cra. Gabriela Rucci.
Pero también piden que se investigue a los ex concejales del FR, José Arteaga y Javier Pacharotti, a quienes les solicitaron por nota que realizaran pedidos de informes vinculados al tema y no lo hicieron.
La causa lleva la IPP 10813/17 y la tramita la Fiscalía de Juicio Nro 6 de La Plata con intervención del Juzgado de Garantías Nro 7 de La Plata a cargo de Patricia Altamiranda.
