Domingo 6.7.2025
17.4.2020. La reciente denuncia del robo de terrenos y campos en la ciudad bonaerense de Punta Indio volvió a poner en el centro de la escena de dicho distrito las fuertes conexiones entre funcionarios políticos locales, integrantes del Departamento Judicial La Plata y policías bonaerenses.
“Acá hacés una denuncia y te podés quedar toda una vida esperando que algo avance o se solucione”, le dijo a este portal Daniel De Olivera, quien denunció ser víctima del robo de unos terrenos de su propiedad.
Precisamente, De Olivera hace hincapié en unos terrenos que le pertenecen y están ubicados en la zona conocida como Playa Sarandí y Parque Costero; precisamente en calle Pedro Landa y Ruta 11. “Comenzaron a lotearlo de inmediato y hasta voltearon varios árboles”, comentó.
La denuncia -presentada on line por las restricciones de la cuarentena obligatoria por Coronavirus que impiden hacerlas personalmente en los juzgados- está identificada como IPP 0001-3469/20.
“Mientras todo está parado y la gente está guardada en sus casas por la cuarentena, la Policía liberó la zona y permitió que sucedan estas cosas”, expresó De Olivera.
“Acá, la policía actúa de oficio y hace que avanza en la investigación para dar cobertura, pero las denuncias las planchan para proteger a la banda, que son ellos mismos”, denunció.
En ese sentido, De Olivera también apunta a Gustavo Barbe (a quien se lo conoce como “Gareca”), primo del intendente Hernán Y Zurieta, y al comisario de la seccional de Verónica, Mauro Aranguren.
“El intendente protege a Gareca y a Aranguren, de una u otra manera se las ingenia para tapar sus ineptitudes y para justificar su poco accionar en el robo de terrenos, lo cual me da la pauta de que son cómplices de ese negocio”, señaló.
Al respecto, De Olivera amplió sus sospechas con un ejemplo: “Con un testigo, el Juzgado de Paz de nuestra ciudad les otorga posesión inmediata de los terrenos a los usurpadores”.
“Eso tiene el respaldo municipal, así que rápidamente les dan el medidor de luz, le pasan los impuestos a nombre de ellos, les condonan deudas y punto. Negocio cerrado”, se explayó.
Por lo que dejó trascender la víctima del robo de sus terrenos, entre Punta Indio y La Plata hay tenebrosas vinculaciones entre políticos, fiscales, jueces penales y funcionarios del ministerio de Seguridad que respaldan el accionar de sus representantes en la zona.
Los vínculos saltaron a la vista, recuerdan habitantes de la zona, con la muerte del adolescente Sebastián Nicora, ocurrida en febrero de 2013: su cadáver apareció arrojado en la playa El Pericón de Punta Indio entre las últimas horas del 14 y las primeras del 15 de ese mes.
A partir de allí, se produjeron una serie de acontecimientos institucionales que alteraron la tranquilidad del lugar: se cree que fue un caso de “gatillo fácil” y por ese motivo los policías del distrito están siendo investigados.
“Los policías de Punta Indio están todos procesados por la fiscal platense Ana Medina por el asesinato de Sebastián Nicora. Pero todos sus integrantes siguen estando bajo la protección del intendente Hernán Y Zurieta”, apuntó De Olivera.
Precisamente, Medina le pidió a De Olivera que declare en el marco de esa investigación. “Soy el único testigo que declaró en contra de estos policías y la fiscal no avanzó en nada, todo sigue igual que antes”, sostuvo.
Margarita Jarque, abogada de la familia Nicora y directora del Programa de Litigio Estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), dijo en su momento que la investigación del homicidio “no tiene movimientos".
La primera autopsia al cuerpo de Sebastián hablaba de un supuesto golpe en la cabeza, pero pasó todo lo contrario: un año y medio después se supo por un segundo estudio al cuerpo que había sido asesinado de un tiro en la cabeza, en circunstancias que la policía nunca esclareció.
Para el 22 de junio está previsto, en el Juzgado Correccional Nº 2 de la Plata, el comienzo del juicio contra el ex médico policial de Punta Indio, José Daraio, quien realizó la primera operación de autopsia al cuerpo.
La querella del caso pretende que el médico, imputado por falso testimonio, confiese por qué supuestamente falsificó el informe y que diga, puntualmente, qué clase de órdenes obedeció para decir que Nicora murió de un golpe en la cabeza cuando, en realidad, le habían disparado a quemarropa.
