Sábado 5.7.2025
27.4.2020. La presentación de una fuerte denuncia tanto en el ámbito de la justicia federal de La Plata, como Quilmes y Comodoro Py con sendas presentaciones a las máximas autoridades políticas y judiciales del país hace referencia a una cuestión estremecedora: allí se indica que 500 cuerpos de personas que figuran en condición de desaparecidas están enterrados en un predio que en su momento perteneció a la “corporación judicial” que representaba el fallecido juez federal platense Manuel Humberto Blanco.
“Solicito su intervención para esclarecer la aparición de 500 cuerpos que se encuentran enterrados en un predio afuera de La Plata que pertenece a la corporación judicial, más precisamente al ex juez federal Manuel Humberto Blanco”, dice en una parte el texto de la presentación realizada en sede judicial.
Además del formal pedido de investigación hecho a la justicia federal, se enviaron sendas notas al presidente de la Nación, Alberto Fernández; a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y al juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. En todas se pide la intervención de cada destinatario en el avance de una causa que permita el esclarecimiento de los hechos.
El denunciante, Daniel De Olivera, le dijo a este portal que pretende “ser convocado de inmediato para prestar declaración”, para luego asegurar que hay otros 277 cuerpos de desaparecidos “enterrados en distintos predios militares y policiales”.
Cabe recordar que Blanco falleció en el mes de septiembre de 2014, cuando estaba a cargo del juzgado federal Nro 1 de La Plata, con competencia electoral en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Ese cargo lo ocupaba desde el año 1984.
Entre los casos más resonantes que tuvo que investigar estuvo, precisamente, los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar (la cual se inició el 24 de marzo de 1976 y finalizó el 10 de diciembre de 1983); como así también declararse competente -poco antes de morir- en la investigación de la apropiación de Ignacio Guido Carlotto, el nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto.
La investigación de la desaparición del albañil Jorge Julio López -principal testigo en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, sentenciado a reclusión perpetua en 2007- como en la que derivó en la detención del empresario platense Leonardo Fariña también pasaron por su juzgado.
Para De Olivera, el fallecido juez “fue cajero de los Montoneros (el brazo armado del peronismo durante la década del ´70) y empleado de la maldita Policía Bonaerense en tiempos del general Ramón Camps”.
Según el denunciante, en todas sus presentaciones dejó un sobre con copias de denuncias penales y pedidos de declaración a distintos jueces, camaristas federales y miembros de las Cortes nacional y bonaerense, las que “sistemáticamente fueron cajoneadas”.
De Olivera está convencido de que “el patrimonio de muchos jueces cómplices es su mayor evidencia, porque puedo decir que en su poder hay muchas escrituras firmadas con sangre”.
“Tengo toda la información y lugares donde están las pruebas, sólo tengo que testificar”, expresó el denunciante.
El robo de sus propiedades como “respuesta”
En otro orden, De Olivera denunció que de manera sistemática “cada vez que levanto la voz contra la Justicia o la Policía, me roban”.
Este portal se ocupó de señalar hace pocos días que el mencionado denunció el robo de unos terrenos que le pertenecen y están ubicados en la zona conocida como Playa Sarandí y Parque Costero; precisamente en calle Pedro Landa y Ruta 11. “Comenzaron a lotearlo de inmediato y hasta voltearon varios árboles”, comentó en su momento.
“Acá, la policía actúa de oficio y hace que avanza en la investigación para dar cobertura, pero las denuncias las planchan para proteger a la banda, que son ellos mismos”, denunció.
En ese sentido, De Olivera apuntó a Gustavo Barbe (a quien se lo conoce como “Gareca”), primo del intendente Hernán Y Zurieta, y al comisario de la seccional de Verónica, Mauro Aranguren.
“El intendente protege a Gareca y a Aranguren, de una u otra manera se las ingenia para tapar sus ineptitudes y para justificar su poco accionar en el robo de terrenos, lo cual me da la pauta de que son cómplices de ese negocio”, señaló.
Sin embargo, similar situación se produjo en una hectárea que posee en la localidad de El Pato, en el Partido de Berazategui: “Con la complicidad de la Comisaría 5ta, me la usurparon y empezaron a lotear”, indicó.
De Olivera aportó las fotos que acompañan esta nota en la que, asegura, se puede ver la casa que se está haciendo un policía de esa zona. “Así, sin papeles, sin nada, ellos avanzan”, se indigna.
“Esto es en calle 529 entre 624 y 625; ahí los robos reciben protección de la Comisaría 5ta de El Pato y del juzgado federal de Quilmes a cargo de Luis Armella y de la fiscal federal Silvia Ruth Cavallo”, denunció De Olivera.
El propietario de dichos inmuebles asegura que en total le robaron 38 lotes cuyo valor es de 50 mil dólares cada uno.
