Viernes 4.7.2025
3.5.2020. Hace ya varias semanas, las empresas de telefonía celular anunciaron un incremento del 9 % en el precio de los servicios que prestan para ser aplicadas en las facturas que envían a sus clientes. Las compañías son Claro, Telecom y Telefónica Movistar.
Tras calificarlas de “insensibles” por el momento que eligieron para aumentar el costo de sus servicios (la Pandemia de Coronavirus que obligó a la cuarentena obligatoria desde el 20 de marzo), desde la Asociación Consumidores Responsables ratificó su pedido de que la telefonía móvil sea considerada un Servicio Público.
Además, Consumidores Responsables manifestó su apoyo a la presentación realizada por las entidades de consumidores que integran la Comisión de Usuarios de Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CUSTIC) del Ente Nacional de las Comunicaciones (ENACOM), en la cual solicitan que se decida “la nulidad de los incrementos aplicados”.
Dichas entidades pidieron además “retrotraer los valores de tarifas y precios al 1° de febrero de 2020 y no permitir que los proveedores como consecuencia de esto nos quiten beneficios otorgados”.
Al respecto el referente de Consumidores Responsables, Henry Stegmayer, manifestó que “las proveedoras de estos servicios están desconociendo el enorme esfuerzo que la población está haciendo en esta coyuntura de emergencia”.
Según Stegmayer, las empresas en cuestión “muestran una enorme insensibilidad ante la angustia que están viviendo muchas personas en la actual situación de crisis sanitaria y económica que necesitan la comunicación para trabajar, por el hecho de vivir solas, para acceder o brindar sus clases, para consultar a sus médicos o simplemente para comunicarse con sus familiares”.
“Esta insensibilidad y su único afán de obtener extraordinarias ganancias que han demostrado las empresas, ratifica la necesidad que sean declaradas Servicio Público”, dijo el presidente de CR.
En tal sentido, Stegmayer explicó la idea: “De esta forma, el Estado podrá ejercer la potestad tarifaria para evitar precios confiscatorios y también una mayor tutela a los usuarios de acuerdo a lo que expresa el artículo 42 de la Constitución Nacional y la Ley 24240 de Defensa de las y los consumidores”.
Seguidamente, el ex diputado socialista bonaerense expresó tu total acuerdo con el petitorio enviado al presidente del ENACOM, en el cual se le pide que “en forma urgente adopte las siguientes medidas:
a) La nulidad de los incrementos realizados por todos proveedores prestadores de servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
b) Retrotraer los valores de tarifas y precios al 1° de febrero de 2020.
c) No permitir que los proveedores, como consecuencia del congelamiento de precios, nos quiten los beneficios otorgados tomándose éstos como un derecho pactado y adquirido.
d) Congelar por 180 días a partir del 1° de febrero de 2020 los precios y tarifas de todos los proveedores de servicios de tecnologías de la información y comunicación para personas humanas y PYMES.
e) Realizar la devolución de los aumentos a los usuarios en la primera factura emitida luego de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la República Argentina
f) Aplicar las sanciones que correspondan en aras de la protección de los consumidores.
“A la par que rechazamos el aumento de tarifas de las empresas de telefonía móvil y solicitamos retrotraer los precios al 1° de febrero de 2020, reiteramos nuestro reclamo - que lleva muchos años – acerca de la necesidad de que las empresas que prestan el servicio de telefonía Móvil, cable e Internet sean declaradas Servicio Público, puesto que implicaría fortalecer el rol del Estado en la protección de los derechos de los usuarios y el control de calidad y eficiencia de los citados servicios”, concluyó Stegmayer.
