Viernes 4.7.2025
15.7.2020. Hace poco tiempo, el Banco Mundial le otorgó a la provincia de Buenos Aires un préstamo de 150 millones de dólares para que pueda cubrir el costo del “Proyecto de Apoyo a la Transición de la Tarifa Social Eléctrica” en dicho territorio.
Sin mediar preámbulo alguno, desde el ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense que conduce Pablo López anunciaron que “se propone utilizar parte de los fondos al financiamiento de la compra de bienes, servicios de no consultoría, servicios de consultoría (individual y/o firmas consultoras), así como a capacitación y costos operativos, a ser adquiridos en el marco de este proyecto”.
Según se explicó, el objetivo del proyecto que recibió el préstamo del Banco Mundial es apoyar la transición del esquema de la tarifa social eléctrica del nivel federal al nivel de la provincia de Buenos Aires y fortalecer la capacidad institucional de la Provincia para implementar la entrega de la tarifa social.
Y como sucede en todos los procesos administrativos, siempre existen “ítems” relacionados a gastos de “consultorías” (que no son más que informes de supuestos especialistas del rubro del que se trate) y esta vez no fue la excepción.
En el “Componente 3” del detalle de gastos que se realizará, el ministerio señala que dispondrá de 1,5 millones de dólares para la “contratación del diagnóstico del sistema utilizado actualmente para la gestión de la tarifa y el rediseño del mismo buscando una mayor eficiencia en la utilización de los recursos y una disminución de los errores inclusión/exclusión”.
Seguidamente, deja en claro que imputará parte de ese dinero a “servicios de consultoría para el diseño de un nuevo circuito administrativo que se implementará junto con el nuevo software”; además de la “mejora de la infraestructura para poder implementar eficientemente estos sistemas y fortalecer los diferentes organismos y/o áreas provinciales involucradas en su implementación”.
El resto del dinero del préstamo será utilizado para: “Desarrollo de la capacidad institucional para la implementación de la Tarifa Social Eléctrica y la eficiencia energética (8 millones de dólares) y Financiamiento de la Tarifa Social Eléctrica (140,5 millones de dólares)”.
Cabe recordar que la Tarifa Social fue concebida para que los ciudadanos en situación de mayor vulnerabilidad paguen un precio más bajo por los servicios públicos, entre ellos el de electricidad. Entre otros, a dicho beneficio accedieron jubilados, pensionados o trabajadores en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles; trabajadores “monotributistas” inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil y beneficiarios de una Pensión no Contributiva que perciban ingresos mensuales.
