Domingo 18.5.2025
16.7.2020. La justicia penal de la ciudad de La Plata está tratando de determinar la existencia de una supuesta red encargada de la apropiación ilegal de terrenos en distritos gobernados por intendentes de Cambiemos a quienes, casualmente, se los habían ofrecido para desarrollar allí sendos planes de viviendas destinados a personas de bajos recursos en cada uno de los municipios a su cargo.
Los municipios en cuestión comenzaron a estar gobernados por intendentes de Cambiemos en diciembre de 2015: Magdalena (Gonzalo Peluso); Berisso (Jorge Nedela) y San Vicente (Mauricio Gómez).
Según consta en una denuncia a la que accedió este portal, a los tres jefes comunales les presentaron un plan de trabajo que incluía, como primer paso, el ofrecimiento de terrenos por parte de un particular. Luego vendrían las rezonificaciones de zonas para poder llevar allí la construcción de viviendas.
“La respuesta que tuve fue la persecución, el espionaje y, como si eso fuera poco, el robo sistemático de mis terrenos en esos tres municipios”, expresó el denunciante Daniel De Olivera, quien este jueves realizó una ampliación de denuncia en la Estación de Policía Comunal de Magdalena, distrito cercano al de donde es oriundo: Punta Indio.
Un dato alentador para Olivera es que recientemente el juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nro 7 de La Plata, Federico Martínez, falló en su favor: Luis Omar Villarreal deberá ser desalojado de un campo de 16 hectáreas que le usurpó en Magdalena.
“Villarreal, con complicidad de la policía de Magdalena -porque estaba acompañado por un integrante de la fuerza que lo trajo en un móvil- vino a apropiarse en persona de mi terreno”, recordó De Olivera, quien se define como contratista independiente.
La iniciativa del emprendedor era bastante ambiciosa: en diciembre de 2015, apenas asumió la gestión de Cambiemos en su distrito y en la provincia de Buenos Aires, presentó un plan para la construcción de viviendas destinadas al personal de las fuerzas policiales y penitenciarias. Para eso aportaba 35 mil lotes y un plan de regularización dominial a través de la Ley de Hábitat.
“Como poseo terrenos en Magdalena, Berisso y San Vicente, me presenté en esos municipios para llevar mi propuesta”, recordó De Olivera, para luego agregar que “a los pocos días de contar mi proyecto comenzaron las persecuciones y otros aprietes con el único fin de lograr la usurpación de mis lotes”.
Según De Olivera, los manejos de los intendentes Peluso, Nedela y Gómez “se hicieron con la complicidad de los policías de cada lugar y después de la apropiación de los terrenos comenzó una ingeniería administrativa para realizar las escrituraciones, en las que están involucrados escribanos reconocidos y funcionarios provinciales”.
“El modo de operar fue siempre el mismo: se presentaban supuestos dueños de los terrenos a reclamar su propiedad o llegaban otros con contratos de alquiler acordados con quienes decían ser propietarios de los mismos, como el caso de Villarreal”, expresó De Olivera.
En su denuncia de este jueves ante la Estación de Policía Comunal de Magdalena, el contratista independiente menciona a una persona que aparentemente resulta ser clave en el entramado mafioso: Marcelo Chapessoni, un supuesto nexo con comisarios de la Policía bonaerense, a quienes les “acerca negocios” que también resultan ser beneficiosos para funcionarios judiciales de la provincia de Buenos Aires.
“Chapessoni se jacta de poseer una oficina a una cuadra del ministerio de Seguridad bonaerense, en donde habitualmente distribuye la plata que consigue de manera ilegal a los comisarios”, señala la denuncia en cuestión.
Al respecto, De Olivera dice que ese dinero ilegal “proviene de los allanamientos e incautaciones que realizan en los operativos, especialmente los vinculados al narcotráfico”.
En otro punto de su denuncia, el emprendedor inmobiliario dice que “Chapessoni se jacta de tener una sociedad con Juan Manuel Garmendia, funcionario de la secretaría de Gobierno de la municipalidad de La Plata (a cargo del intendente Julio Garro) e hijo de la jueza de Garantías, Marcela Garmendia”.
“Mientras los ciudadanos estamos encerrados por la cuarentena del Coronavirus, los intendentes, policías y funcionarios de la justicia bonaerense se encargan de realizar negocios con el robo de terrenos y la venta de drogas a través de los camiones de residuos que nadie controla”, sentenció De Olivera.
Cabe mencionar que de los tres intendentes involucrados en la denuncia, solamente uno fue reelecto en las elecciones generales de 2019: Peluso. Berisso y San Vicente pasaron a estar gobernados por referentes del Frente de Todos: Fabián Cagliardi y Nicolás Mantegazza, respectivamente.
