Viernes 4.7.2025
26.2.2021. Hace pocos días, un abogado penalista cuyo estudio está en la ciudad de La Plata presentó una denuncia penal por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos contra la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad, Estela Díaz; y el ministro de Salud, Daniel Gollán, quienes desde el 10 de diciembre de 2019 forman parte del gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
La presentación judicial fue realizada por el abogado Ignacio Galiano, quien este viernes confirmó a este portal que desde la sede del fuero penal le notificaron que su denuncia contra Díaz y Gollán quedó en manos del juez Pablo Raele, a cargo del Juzgado de Garantías Nro 3 de La Plata.
En el escrito que en su momento presentó el abogado, se denuncia que la Resolución Conjunta 1/21 de losministerios de Salud y el de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual mediante la que se aprobó la “Guía de implementación de la interrupción del embarazo en la provincia de Buenos Aires, en el marco de la ley nacional Nº 27.610(de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE-)” se realizó de manera “genérica” y por lo tanto solicitó la suspensión de su aplicación.
Según Galiano, en esa Resolución se hace referencia a normativas nacionales, “evitando citar la legislación provincial especifica respecto a los niños y niñas como son el Art. 12 de la Constitución Provincial o la Ley Provincial N 13.298 (y sus modificatorias) de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños”.
“Asimismo, se evita mencionar a los niños y niñas por nacer, desconociendo en forma clara su carácter como sujetos de derechos y por tanto como interesados en la resolución controvertida”, agregó el profesional.
En tal sentido, el abogado sostuvo queambos ministerios “no tienen la facultad para reglamentar la aplicación en el territorio provincial de la Ley Nacional Nº27.610”, y que además “no surge de los fundamentos de la Resolución Conjunta que haya tenido intervención en la tramitación el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, que tiene como función coordinar e implementar políticas de promoción y protección de derechos de las personas desde su concepción hasta los 18 años de edad, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño”.
Como se recordará, la IVE fue aprobada por el Congreso Nacional en la última sesión del Senado, llevada a cabo el 29 de diciembre y que concluyó en la madrugada del día 30. Semanas después, fue promulgada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández.
Tras considerar que en la mencionada Guía “podemos ver a prima facie una desproporción significativa entre los abortos registrados en la provincia por año (alrededor de 15.000) y en contrapartida las muertes de mujeres (alrededor de 235) que se podrían evitar con la práctica que se busca propiciar”, Galiano recordó que “la Constitución de la Provincia garantiza la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural”.
En este marco, según señala el abogado en su escrito, “debemos reconocerle a los niños y niñas por nacer el derecho constitucional a ser defendidos en su vida y a no ser discriminados de ninguna forma, tal como lo dicen los artículos 10 y 11 de la Constitución Provincial”.
“La medida cautelar solicitada no sólo se justifica en el interés de los niños y niñas por nacer que se representan, sino también en el de todos los habitantes de la provincia que ven cómo el Poder Ejecutivo avasalla la Constitución Provincial dictando actos prima facie inconstitucionales”, explicó Galiano.
