6.12.2022. No fueron los 12 años que pidió la fiscalía, sino la mitad: efectivamente, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos por defraudación al Estado en la denominada “Causa Vialidad”.
La condena en cuestión fue dispuesta en la tarde de este martes por el Tribunal Oral Federal N°2 de Comodoro Py después de tres años y medio de juicio oral. Como se recordará, el fiscal Diego Luciani había pedido una sentencia a 12 años de cárcel por asociación ilícita y defraudación al Estado.
No obstante, el Tribunal que la juzgó decidió, por mayoría, absolverla por el delito de asociación ilícita.
Cabe destacar que esta es la primera vez que una persona que está ejerciendo la vicepresidencia de la Nación es condenada por corrupción. Sin embargo, el fallo no está firme: Cristina Fernández de Kirchner no irá presa y, si así lo decide, podrá ser candidata en las próximas elecciones de 2023 para cualquier cargo público.
“Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal”, indicó el Tribunal mediante un breve comunicado tras leer el veredicto.
Entre los años 2003 y 2007 gobernó el país Néstor Kirchner; mientras que desde diciembre de 2007 y diciembre de 2015 lo hizo CFK mediante dos períodos consecutivos.
Además de la vicepresidenta, estaban acusados el empresario Lázaro Báez, para quien solicitaron 12 años; Julio de Vido, ex ministro de Planificación; José López, ex secretario de Obras Públicas; Nelson Periotti, ex titular de Dirección Nacional de Vialidad; Mauricio Collareda, jefe de Distrito N°23 Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; Juan Carlos Villafañe, ex jefe de la Administración General de Vialidad Prov. de Sta. Cruz (AGVP); Raúl Daruich, responsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV; Raúl Pavesi, ex titular de la AGVP; Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; José Raúl Santibáñez, ex presidente del directorio de AGVP; Héctor Garro, ex presidente de la AGVP; y Carlos Santiago Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal.
El juicio comenzó en mayo de 2019 y se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015.
Los jueces federales encargados de leer la sentencia fueron Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los tres estuvieron de acuerdo en condenarla por administración fraudulenta.
Sin embargo, por dos votos a uno quedó absuelta por asociación ilícita. Solo Basso votó por condenarla por ese delito. Hasta último momento todas fueron especulaciones. Nadie supo el resultado del juicio hasta que se anunció en la sala de audiencias.
La lectura de la condena fue seguida por la vicepresidenta desde su despacho de la presidencia del Senado: desde allí habló inmediatamente para responder al veredicto a través de un mensaje público con duras críticas.
En ese aspecto, la vicepresidenta insistió en la idea del “lawfare” (que en la práctica es el armado de noticias falsas para generar denuncias en la justicia) y “el partido judicial”. Insistió, también, con la idea de que ella no era la responsable de la ejecución de los presupuestos nacionales, dado que esa responsabilidad recaía –tras la reforma de la Constitución Nacional de 1994- en los jefes de Gabinete: durante la gestión de Néstor Kirchner estuvo el actual presidente Alberto Fernández; mientras que en la suya estuvieron el actual ministro de Economía, Sergio Massa y Juan Manuel Abal Medina.
¿Lawfare? ¿Partido judicial? Mafia y Estado paralelo. https://t.co/5jDZk9oZJh
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 6, 2022