Sábado 10.5.2025
17.4.2023. Un inversor de la provincia de Buenos Aires encontró un fin social con los terrenos de su propiedady la respuesta fue completamente inesperada en los municipios implicados: prácticamente, el propio Estado se los usurpó.
En diálogo con este portal, H.D.D.O. (quien prefirió mantener su nombre en reserva en medio de las denuncias presentadas a la espera de resolución judicial) dijo que su intención fue bastante simple: “Previo acuerdo institucional con cada una de las administraciones gubernamentales para coordinar los pasos a seguir, ofrecí a muy bajo costo las propiedades -casi una donación- para que después los municipios puedan construir viviendas y dar soluciones habitacionales a alrededor de 50 mil familias”.
Según la mencionada fuente, se encontró con algo irrisorio: “en ninguno de los municipios implicados aceptaronmi propuesta”. Específicamente, detalla que sus propiedades se encuentran en Pilar, Luján, Presidente Perón, San Vicente, Ezeiza, Berazategui, Florencio Varela, Magdalena, Punta Indio, Morón, Moreno, La Plata y La Matanza.
“Y la peor respuesta fue que en todos esos distritos me usurparon los terrenos”, detalla H.D.D.O., para de inmediato agregar que “ofrecí una solución habitacional para 50 mil familias para que tengan escrituras, lo que a su vez permite que los municipios recauden y la Provincia también en impuestos”.
El agravante de la situación que detalla el inversor es que, además de perder su patrimonio y su capital invertido, la respuesta fuela “presión fiscal”.
“Estoy inhibido y con las cuentas embargadas pese a que ya no tengo derechos sobre las propiedades”, expresó, y de inmediato recordó que “en la Justicia me dicen que no hay tales usurpaciones”.
En tal sentido, sostuvo que “hay una doble presión: la Justicia me niega derechos y el Estado bonaerense exige cumplimientos impositivos por ser el titular de los dominios, mientras no me dan soluciones por las usurpaciones”.
“Perdido por perdido, quiero hacer una donación con quita de presiones impositivas, es decir, pido ser atendido para que me dejen donar esas tierras”, agregó H.D.D.O.
Según lo expresado, la usurpación de sus tierras motivó una presentación ante la Jefatura de Gabinetede la Nación en 2022 y generó el armado de un expediente, el cual después pasó a la órbita del ministerio de Hábitat de Nación que en ese momento estaba conducido por el actual intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
En la provincia de Buenos Aires existe desde hace 10 años la ley provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat. Precisamente, en base a dicha normativa, el inversor quiere dar sus lotes, que son 25.000 en total. “Es inexplicable que no acepten una donación”, sostiene.
Ferraresi no fue el único funcionario que tomó conocimiento de la situación, sino que también abarcó a su sucesor, Santiago Maggiotti; a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz; y al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque.
Pero las denuncias de H.D.D.O. no se quedaron en los municipios o los Gobiernos nacional y provincial, sino que también hubo una presentación ante la justicia federal. Al respecto, reveló: “Pedí ser atendido por el juezfederal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, para acordar una mediación, es decir, para que las personas accedan a su escritura y se termine la presión fiscal en mi contra”.
“Yo pretendo que luego de una mediación el juez Ramos Padilla ordene regularizar la situación a los intendentes de los municipios implicados, esto es, que el Estado escriture y se termine la presión fiscal”, detalló.
En Pilar, el kirchnerismo viene por la propiedad privada.
— Adriana Cáceres (@AdriCCaceres) April 12, 2023
El Frente de Todos quiere imponer un delirante Código de Ordenamiento Territorial que le permite, entre otras cosas, expropiar y regalar tierras.
Antes fomentaban las usurpaciones, ahora las legalizan.
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Casos extremos en San Vicente
De acuerdo a lo señalado por la fuente, uno de los casos más emblemáticos en su perjuicio ocurrió en San Vicente, municipio que conduce el intendente Nicolás Mantegazza (Frente de Todos).
“Por lo que tengo entendido, a espaldas del intendente Mantegazza, ahí operan unos empleados que están acusados de haber fraguado la documentación existente para quedarse con las tierras, siendo que las mismas están dentro de un predio enorme”, comentó.
Según trascendió, el intendente ya está al tanto de la situación y está decidido a llevar el caso a la Justicia. Un vocero del municipio sostuvo que Mantegazza “de ningún modo va a tolerar la existencia de empleados infieles que comprometen su gestión”.
Alerta por expropiaciones en Pilar
En noviembre último, el Concejo Deliberante de Pilar (municipio que encabeza el intendente Federico Achával, también del Frente de Todos) aprobó la ordenanza Fiscal e Impositiva 2023 que incluyó un nuevo tributo dirigido a los grandes desarrolladores urbanos que invierten en el distrito: la Contribución Obligatoria sobre la Valorización Inmobiliaria.
Dicho impuesto grabará a clubes de campo, barrios cerrados, condominios, cementerios privados, emprendimientos de grandes superficies comerciales, incluidas distribuidoras, siempre que tengan más de 5 mil metros cuadrados. Según lo aprobado en el Concejo pilarense,las empresas desarrolladoras deberán tributar al municipio un mínimo del 10% de la diferencia entre el valor de la tierra al momento de ser adquirida y el que tiene una vez obtenidos los permisos correspondientes por parte del Municipio, diferencia económica que puede llegar a ser varias veces millonaria.
Sin embargo, lo que está en fuerte discusión en las últimas horas en la gestión Achával es el proyecto que va a tratar el Concejo Deliberante que, según el bloque opositor de Juntos por el Cambio pondrá en peligro la propiedad privada
“Expropiaciones: vienen por la propiedad privada”, advirtió la concejala Adriana Cáceres, quien se anotó para disputar la Intendencia de Pilar en representación de Juntos Por el Cambio.
En su cuenta de Twitter, la referente de la oposición en dicho municipio expresó que “el Frente de Todos quiere imponer un delirante Código de Ordenamiento Territorial que le permite, entre otras cosas, expropiar y regalar tierras”.
“Antes fomentaban las usurpaciones, ahora las legalizan. Pareciera un código escrito por (el dirigente social, Juan) Grabois, pero fue diseñado por (el gobernador Axel) Kicillof”, denunció Cáceres.
En tal sentido, la concejala de JxC expresó que “el Estado dispone sobre la propiedad privada. Se obliga a los propietarios a hacer uso del suelo. Es decir, a vender, parcelar o construir en sus propiedades, caso contrario se pueden expropiar”.
Similar caso en Avellaneda
En junio de 2021, el Concejo Deliberante de Avellaneda votó una ordenanza que dispuso que un terreno vacío, una pequeña obra en construcción que quedó paralizada por la crisis económica, y hasta grandes edificios podrán ser expropiados por parte del Estado.
En ese momento, Ferraresi no estaba a cargo del municipio, dado que había pedido licencia para asumir como ministro de Hábitat de la Nación.
Con esa ordenanza, los dueños de los terrenos ahora tienen un plazo máximo de ocho años. Durante ese tiempo, además, también deberán pagar más impuestos si no construyen.
La ordenanza creó el “Registro Público Municipal de Inmuebles Baldíos, Inmuebles con Edificación Derruida o con Edificación Paralizada”. Todos los inmuebles que ingresan a ese registro deben pagar un 50% más de impuestos.
A partir del tercer año, siempre y cuando el dueño del inmueble no haya comenzado una obra, se agrega una alícuota especial, que incrementa la cuota todos los años. “En caso de incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos en el artículo 4 (que habla de un plazo de tres años para edificar), se aplicará un gravamen especial sobre el inmueble consiste en un incremento progresivo de la tasa de servicios generales por 5 años del 50% sobre la tasa vigente en la ordenanza impositiva, respecto del valor que el contribuyente hubiera abonado el periodo fiscal anterior”, estipuló el artículo 8 de la normativa votada en el Concejo.
