Sábado 10.5.2025
21.11.2023. El juez de Garantías de La Plata Federico Atencio ordenó hoy la detención del concejal massista Facundo Albini y de su padre, Claudio, ex subdirector de Personal de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires; ambos directamente vinculados con el puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau y el cobro de dinero de empleados “ñoquis” de la Legislatura.
El magistrado también ordenó la detención de 15 personas - titulares de tarjetas de débito en posesión de Rigau- que se consideran empleados "ñoquis" que cedieron sus plásticos para que desde 2021 cobrara sus sueldos. Con ese dinero se habrían financiado gastos relacionados con la política.
Sobre estas personas y sobre Julio Rigau pesa el delito de defraudación a la Legislatura por la suma de 800 millones de pesos. En tanto, Facundo y Claudio Albini, además de este delito, están acusados de integrar una asociación ilícita.
Como se recordará, la fiscal del caso Betina Lacki, había pedido la detención de los Albini al considerar en su escrito que tendrían la posibilidad de obstaculizar la investigación y por ende el proceso judicial.
En ese mismo sentido también se refirió a los titulares de las tarjetas como presuntos “presta nombres” que voluntariamente suscribieron contratos que no cumplirían y entregaron sus tarjetas de débito a Julio Rigau -que extraía mensualmente sus sueldos- a cambio de tener obra social y que les realizaran los correspondientes aportes previsionales.
La lista de los 15
A pedido de la fiscal, el juez Atencio, ordenó hoy la detención de: Graciela del Carmen Anivarro, Raúl Boragina, Marisol Correa, María Cecilia D’ Ovidio, Lourdes Gabriela Degollada, María Cristina Degollada, Rosana Silvia Delgado, Teodomiro Falcon Ramírez, Raúl Marcelo Falone, Diego Guillermo Koster, Daniel Alfredo Mederos, Sheila Belén Maroni, Ricardo Mario Sánchez, Ramón Alberto Sosa y Paula Alejandra Valdata. Todos ellos acusados de fraude a la administración pública.
Según pudo saberse las órdenes de detención firmadas por Atencio sostienen que las pruebas “permiten por ahora acreditar que, aproximadamente desde el mes de enero de 2021 y hasta la actualidad, cuanto menos tres personas, el SubDirector de Personal de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, su hijo y un contratado por dicha institución (Rigau) integraron una organización que de modo habitual y permanente mediante acuerdo tácito o expreso, tenían el propósito de cometer el delito de fraude en perjuicio de la administración pública en forma reiterada”.
Para realizarlo, según el juez, “contaron con la participación de 48 personas, quienes, durante los años 2021, 2022 y 2023 suscribieron contratos de locación de servicios con la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires por un salario que a la actualidad asciende a 850.000 pesos mensuales, sin que desempeñaran labor alguna a cambio de la remuneración percibida”.
