27.5.2025. “Una vez más, se elige el atajo en perjuicio de la población”.
De esa manera, se expresaron jueces municipales advertidos por una medida adoptada por el intendente de Hurlingham, Damián Selci, respecto a que ha promovido la disolución de los juzgados municipales y la reasunción de las funciones sancionatorias en materia de faltas mediante el dictado de una Ordenanza local.
En ese sentido, desde la Asociación Bonaerense de la Justicia de Faltas Municipal sostienen que “a pesar de los altruistas considerandos de la mencionada Ordenanza, que son la excusa para tapar el verdadero motivo, la cuestión principal es que es ni más ni menos que el intendente municipal quiere ser juez y parte en esta materia”.
De acuerdo a la entidad, con esa medida, Selci “estará favoreciendo a amigos y aplicando todo el peso de la ley a los de diferente color partidario”.
“Resulta la misma lesiva de preceptos legales que son aquellos que persiguen la existencia de una justicia local profesionalizada e independiente para poder actuar conforme a las normas constitucionales y convencionales”, destacaron desde la Asociación.
En tanto, cabe explicar que, en efecto, el régimen legal que ampara la inamovilidad en el cargo de los Jueces de Faltas letrados en la provincia, exige que para su remoción se conforme un tribunal de enjuiciamiento y se pruebe la comisión de causas tácitamente enunciadas.
“El atajo es obviar este proceso, y bajo el falaz argumento de optimizar la administración de justicia, prescinden de dos funcionarios con sistema de estabilidad otorgado por ley provincial, (DL8751/77) que obviamente la intendencia de Hurlingham quebranta y además violenta principios establecidos en el bloque de constitucionalidad federal”, precisó la entidad.
En ese aspecto, indicaron que dichos principios “garantizan derechos sociales como la defensa en juicio y el debido proceso, que no tendrá la garantía de imparcialidad en el juzgador que ahora será un intendente que no es profesional del derecho y que con seguridad no irá en contra de las decisiones que tomen sus subordinados de las áreas de control, cualesquiera sea la calidad de las mismas”.
“Si la solución a una supuesta falta de toma de decisiones jurisdiccionales en tiempo y forma sería la adoptada por el intendente de Hurlingham, cabría sugerir que los gobernadores y aún el presidente de la Nación tendrían las facultades de sancionar en lugar de los Poderes judiciales y avanzaríamos hacia el absolutismo y la concentración de todo el poder de gobierno en un solo sector”, concluyó la Asociación.