29.5.2025. Una situación inusual se viene llevando a cabo desde hace varios días en el Colegio de Abogados de La Plata (CALP) debido a un caso conocido como el de “los dos lados del mostrador”.
Todo comenzó el 21 de este mes, en ocasión de llevarse a cabo allí una reunión de Consejo Directivo, en la que “al pasar” hubo una consideración que prácticamente pasó desapercibida para quienes estaban allí presentes, lógicamente todos profesionales del derecho y conocedores de las leyes.
En definitiva, uno de los temas a tratar fue el balance de cuentas del Colegio ubicado en Avenida 13 entre 48 y 49. En esa línea, la tesorera, Daniela Peluso, sin dar muchos detalles de montos y formas de pago, informó que la entidad colegiada debe pagar una deuda que mantiene con la Municipalidad de La Plata en concepto de tasa SUM. No obstante, voceros de la reunión aseguran que “se habló de una cifra superior a los siete millones de pesos por ese concepto”.
Al respecto, cabe señalar que la tasa SUM es una tasa municipal que se paga en contraprestación por publicidad en la vía pública, tasa municipal que suelen pagar los comercios en virtud de poder realizar publicidad de sus servicios en la vía pública.
“Esto queda sin efecto, dado que el Colegio de Abogados está incorporado desde el 30 de mayo del año 2008 al Registro de Entidades de bien público implementada por el Decreto 13554/80 e inscripta bajo el legajo número 1305”, explicó un integrante del Colegio que está siguiendo el tema muy de cerca.
Seguidamente, explicó que “en el ámbito municipal se toma esta exención de pagos en el Decreto Municipal 866/08 suscripta en su oportunidad por el intendente Pablo Bruera, todo esto por ser el Colegio una entidad sin fines de lucro”.
“Por lo tanto, en virtud de la legislación que se menciona, el Colegio de Abogados de La Plata se encuentra exento del pago de esa tasa municipal”, precisó el profesional, quien además señaló que la bronca no tardó en expandirse en el ámbito que integra, dado que muchos consideran que es un “atropello al erario de los profesionales de este Departamento Judicial”.
En tal sentido, creen que “estos profesionales del derecho que deben cuidar del dinero de todos los abogados no están capacitados para el puesto”, y en ese punto mencionan a la tesorera Peluso y a la presidenta del Colegio, Marina Mongiardino.
La mencionada Mongiardino, en este caso, no pasa desapercibida: muy por el contrario, es la protagonista de la historia y quizás el eje por el cual se produce el conflicto de intereses con el Municipio, dado que se desempeña desde diciembre de 2023 como Secretaria de Justicia de la Municipalidad de La Plata comandada por el intendente Julio Alak.
De hecho, siendo funcionaria de Alak encabezó la lista de la agrupación “Abogacía Unida + Abogar” con la que compitió y ganó las elecciones internas del CALP por el período 2024-2028.
Es decir, su llegada a la Secretaría de Justicia no era nueva para el mundo Alak, dado que lo acompañó cuando el jefe comunal era ministro de Justicia y Derechos Humanos de Axel Kicillof. Allí fue directora de Anticorrupción de la Subsecretaría de Transparencia Institucional y Directora de Asuntos Legislativos de la Agencia de Asistencia Técnico-Legislativa.
La preocupación de sectores internos opuestos a la conducción del CALP se basa en una cuestión que da para pensar: si dicho reclamo “ilegítimo de deuda”, el cual se piensa abonar de manera “totalmente absurda e ilegal”, no es en realidad “un giro encubierto de fondos en blanco para ser utilizados en plena campaña política, dado que este año se llevarán a cabo las elecciones generales en la provincia de Buenos Aires y especialmente en nuestra ciudad, que elige seis diputados bonaerenses, doce concejales y cinco consejeros escolares.
“Ahí es donde esta ignorancia jurídica e incompetencia de la conducción se transforma en un siniestro plan de vaciamiento de las arcas del Colegio de Abogados de La Plata”, concluyó una de las fuentes.