Jueves 25.4.2024
5.5.2018. Tras el escrito que presentó el jueves último ante la fiscalía penal platense que lo investiga y mediante el cual negó haber recibido “dádivas”, al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli le llegó la devolución: pidieron que inhiban sus bienes por 180 millones de pesos y, además, la prohibición de salir del país.
Efectivamente, el fiscal platense Álvaro Garganta le solicitó tales medidas a la jueza del fuero penal Marcela Garmendia.
Como se sabe, Garganta investiga a Scioli por presuntos hechos de corrupción con la obra pública, especialmente en el otorgamiento para la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA).
Lo que pretende saber la justicia penal platense es si durante la gestión de Scioli –quien comandó la Provincia desde diciembre de 2007 hasta diciembre de 2015- se benefició con contratos de obra pública a la constructora Miller Building International SA, la empresa que construyó las UPA con fondos de la Provincia
Por esa misma causa también están imputados el empresario Ricardo Miller y el ex ministro de salud bonaerense, Alejandro Collia.
Cabe destacar que el ex gobernador Scioli está acusado de los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso con tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes del funcionario público.
En su escrito, Garganta le solicita a Garmendia que se deje sin efecto el uso de activos equivalentes a los 180 millones de pesos "hasta cubrir la cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas".
El fiscal destaca que la Convención de las Naciones Unidas “estableció expresamente que cada Estado adoptará las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto".
Además de la inhibición, como se señaló, Garganta hizo hincapié en la necesidad de que, mientras la investigación se mantenga en curso, Scioli no tenga posibilidad alguna de abandonar suelo argentino a menos que la justicia se lo permita. Además, señala que el pedido de que no dejen cruzar la frontera a Scioli es “en perspectiva de una eventual condena resarcitoria y/o de decomiso y en otro orden para garantizar su presencia en el juicio”.
