19.5.2018. En la ciudad bonaerense de Bolívar, la Unión Cívica Radical supo ser el partido dominante hasta que fue desbancado por el justicialismo. Casualidad o no, cuando fueron intendentes dos importantes referentes de esa extracción -que hoy pertenecen a Cambiemos- realizaron sospechosas maniobras que tenían que ver con “excepciones inmobiliarias” en beneficio de sus propios familiares.
Los mencionados ex jefes comunales son Juan Carlos Simón y José Gabriel Erreca, quienes en uso del poder que supieron ostentar llevaron a cabo tales cometidos.
Cabe mencionar que en el mencionado distrito bonaerense, en tiempos en los que Simón era intendente, Erreca estaba a cargo del Concejo Deliberante. Pero en diciembre de 2009, Simón pasa a ocupar una banca en el Senado provincial y su lugar queda en manos de Erreca, quien completa el mandato hasta el 10 de diciembre de 2011.
Pero el conflicto al que se hace mención en Bolívar se remonta a 2009, cuando el intendente Simón envía una ordenanza al Concejo presidido por Erreca para que se autorice una “excepción inmobiliaria al Código de Planeamiento Municipal en un terreno que estaba a nombre María Malena Coerdeu (cónyuge de Erreca) y de Matías Juan Simón”.
Si bien el apellido de este último podía levantar sospechas, las mismas quedaron confirmadas cuando se supo que era el hijo del intendente, aunque prácticamente en la ciudad todos conocían ese vínculo. Y Coerdeu era la cónyuge de Erreca. Lo que se dice: “todo queda en familia”.
Tal desprolijidad dio inicio, en 2011, de una causa penal que fue tramitada en la Unidad Funcional II del Departamento Judicial de Azul. Allí se investiga si la ordenanza en cuestión fue generada y aprobada en beneficio directo y exclusivo de los familiares de los representantes municipales.
En tanto, el escándalo iba a llegar en estos días: una ordenanza que buscaba eliminar esos privilegios inmobiliarios quedó demorada en el Concejo Deliberante debido a la escandalosa reacción de Matías Juan Simón.
El hijo del ex intendente le envió una carta documento a la presidenta del bloque de Cambiemos, Susana Patti, en donde le notifica que en caso de votar y aprobar la ordenanza “les iniciaré juicio a todos los ediles”.
Lo llamativo de la cuestión es que el bloque de Cambiemos (opositor en la ciudad, dado que gobierna el justicialismo) evaluaba apoyar la nueva ordenanza. Ahí tiene su banca el propio Erreca, uno de los denunciados por abuso de poder.
Otro aspecto a considerar es que, de prosperar la denuncia judicial, será el propio Erreca el protagonista excluyente de la historia: como presidente del Concejo Deliberante logra que se anule la ordenanza que lo benefició en su momento y luego pasa a ser investigado.
“Es al Poder Judicial a quien le cabe la inminente responsabilidad de establecer, sin más dilaciones o espera injustificadas, si la conducta de los involucrados en la aprobación de la ordenanza 12019/2009 consumó los delitos penales de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, cohecho, y negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, o el que correspondiere en el marco de los delitos contra la administración pública”, dice uno de los párrafos de la ordenanza que está en análisis.