Viernes 19.4.2024
6.6.2018. A juzgar por los últimos acontecimientos, La Plata va en camino no solamente de ser la “ciudad de las diagonales”: también se la está conociendo como “la capital de los sindicatos allanados”.
En 2017, y tras un fuerte operativo posterior a una intensa investigación de la justicia federal, fue detenido el mandamás de la UOCRA, Juan Pablo “Pata” Medina; y a comienzos de 2018 sucedió lo mismo con otro secretario general: Marcelo Balcedo, del SOEME. Como se sabe, ambos gremios fueron allanados y posteriormente intervenidos por decisión judicial.
Y lo sucedido en abril último pasó casi desapercibido: la justicia federal platense decidió allanar el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión de la República Argentina (SUTCAPRA) ubicado en calle 43 entre 7 y 8.
El 26 de abril se hicieron presentes en dicha sede gremial los integrantes de la justicia, que llevaban consigo la orden de allanamiento dictada por el juez federal en lo criminal y correccional N° 3 de La Plata, Alberto Recondo, secretaría N° 9 a cargo de Pablo Ernesto Muñoz.
Recondo ordenó el allanamiento en el SUTCAPRA con la presunción de que allí se cometieron delitos de defraudación contra la administración pública, y por tal motivo exigió a quien estaba a cargo del gremio en ese momento, Leandro Nazarre Cardoso, a hacer efectiva la entrega de lo solicitado.
Nazarre Cardoso, en tal sentido, tuvo que hacer entrega de libros contables, balances, estatutos y actas societarias, extractos de cuentas con sus respectivos movimientos bancarios, balances y libros diarios desde 2011 a la fecha, entre otros tantos elementos considerados de prueba.
Lo que llamó la atención en dicho allanamiento fueron varias “cajas de color azul” que contenían, a su vez, sobres blancos con dinero destinado a “Administración Abril”, “Zona Norte Abril”, “Ale Ramírez”, “Santa Ferrero”, “Administración Marcelo”, “Dopazo Villalba La Matanza”, “Partido de la Costa”, “Tano Etchepare”, “Howes”, “Mario Matanza” y otros tantos, contabilizándose alrededor de cuarenta. En suma, se estima que el dinero secuestrado ronda los 400 mil pesos.
Cabe destacar que en el mencionado procedimiento judicial, uno de los miembros del SUTCAPRA señaló que una gran cantidad de documentación contable exigida se encontraba en el estudio COSUMA, también ubicado en la ciudad de La Plata. Su contadora, Cecilia Pereyra, se comprometió a hacer entrega del material exigido en sede judicial.
Los delitos de defraudación contra la administración pública que investiga el juez federal Recondo están vinculados a la entrega de dinero mediante la forma de subsidios por parte del Estado nacional –a través del ministerio de Trabajo- destinados a la capacitación del personal afiliado al SUTCAPRA (conocidos en la jerga como “Patovicas”). Las sospechas se orientan a que ese dinero no se utilizó para tal fin.
Dentro de SUTCAPRA La Plata funciona el Centro de Formación Profesional N° 420, cuyo director es Cristian Rolón Gatti, quien según confiaron fuentes ligadas a la causa se desempeña también como secretario privado de un intendente justicialista del Conurbano.
