Jueves 18.4.2024
11.6.2018. “Ya no sabemos qué más hacer para poder cobrar lo que nos corresponde”.
“Desde que comenzó 2018, los expedientes están acumulados en los hospitales y en el ministerio de Salud”.
“El nuevo sistema de gestión vía internet que implementaron no funciona y eso el Gobierno no lo quiere admitir”.
“El maltrato al que estamos expuestos no lo vivimos nunca”.
“Ni durante el peor momento de la gestión de (el entonces gobernador bonaerense) Daniel Scioli hubo un estancamiento tan grande”.
Las manifestaciones anteriores pertenecen, a modo de síntesis, a proveedores de los hospitales públicos y otros centros de salud de la provincia de Buenos Aires, quienes vienen reclamando al Gobierno de María Eugenia Vidal el pago de sus servicios, prácticamente retrasados desde enero de este año.
Los proveedores tomaron conocimiento de que en el ministerio de Salud están retenidos alrededor de 1700 expedientes, hecho que consideran de suma gravedad porque detrás de cada uno de esos documentos está el pago de servicios brindados al Estado.
Según comentan los empresarios, el problema comenzó este año con la implementación del Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), una supuesta “herramienta” de trabajo ágil para monitorear el avance de los expedientes.
“En el ministerio de Salud, ese sistema no funcionó nunca y estamos pagando las consecuencias”, expresaron ante este portal.
Proveedores de medicamentos, de alimentos, insumos de todo tipo para la atención médica y enfermería (sueros, gasas, alcohol, algodón, jeringas, entre tantos otros elementos de un listado interminable), lavaderos (sábanas y toallas) podrían llegar a suspender la entrega de sus productos de continuar los atrasos en los pagos: de suceder eso, 98 establecimientos hospitalarios públicos de la provincia de Buenos Aires deberán cerrar sus puertas.
Actualmente, entre hospitales (77), Unidades de Pronta Atención (UPA) que llegan a 18, institutos y centros de hemoterapia, son 98 los establecimientos que dependen del Gobierno bonaerense.
Conflictos internos
Si bien prefieren no precisar el monto de la deuda con los proveedores y mucho menos reconocerla oficialmente, voceros del ministerio de Salud que conduce Andrés Scarsi dejaron trascender que la misma “supera ampliamente los dos mil millones de pesos”.
En dicho ministerio, dicen, la situación no es de las mejores desde que en julio de 2017 asumió Scarsi y, mucho menos, cuando designó como Subsecretaria Administrativo Contable a Romina Rodríguez, quien antes había ocupado el cargo de Directora Provincial del Registro de las Personas.
“Es, sin dudas, la nueva Dama de Hierro de la provincia”, dicen en Salud, todavía consternados por el “inmenso poder con el que llegó”.
Y no es para menos: dicen que, apenas asumió su cargo, Rodríguez “hizo que algunos colaboradores de su área pidieran licencia y además logró la renuncia de un histórico del ministerio: el director de Contabilidad, Sebastián Genati, un contador de prestigio, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA”.
“Genati era un técnico de carrera en este ministerio y tuvo que irse por sus permanentes conflictos con Rodríguez”, dijo una fuente de Salud, la que de inmediato agregó que “al fin y al cabo, pudo seguir prestando sus servicios en la Dirección General de Cultura y Educación”.
Al respecto, señalan que “la rigidez de Rodríguez hacia los empresarios es total: no solamente no los atiende, sino que tampoco hace su trabajo en pos de que logren cobrar sus deudas”.
“Con su actitud, la Subsecretaria logró que la situación de los proveedores de Salud se transforme en una bomba de tiempo, con el agravante de que eso parece no importarle”, agregaron desde dicho ministerio.
En otro orden, desde la sede de la Gobernación bonaerense dicen estar “muy molestos” tanto con Scarsi como con Rodríguez, dado que ambos “no supieron o no quisieron que funcione correctamente el SIGAF, porque sabemos muy bien que los administradores de los hospitales siguen con el problema de carga de datos”.
“Las claves de acceso que usan los administradores de los hospitales no funcionan; eso hace que después el ministerio de Salud no pueda contar con datos de expedientes que deberían estar cargados en su sistema”, explicó la fuente.
Seguidamente, el vocero señaló que “tomamos conocimiento de que Salud, al no cargar esos datos, provocó que los pagos no estén en Contaduría ni en Tesorería General de la provincia”.
