Viernes 26.4.2024
16.7.2018. En la provincia de Buenos Aires la suma del poder público lo tiene el Gobierno de María Eugenia Vidal, con la salvedad de que no cuenta con una Suprema Corte de Justicia adicta a sus decisiones políticas y administrativas. Y con su llegada en diciembre de 2015, los aires de “cambio” que propuso respecto al control de la gestión parece ser que quedaron sepultados en el olvido.
Esa parece ser la conclusión a la que arribaron varios dirigentes políticos de la oposición, quienes cuestionan la nula participación de sus representantes en los organismos de control.
La Contaduría, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado, Tesorería de la provincia son, generalmente, espacios en donde los partidos de la oposición bonaerense –mediante acuerdos políticos con el Gobierno de turno- incorporan dirigentes que tienen la tarea de controlar la gestión oficial.
Quizás pasó desapercibido cuando a instancias de la propia gobernadora Vidal un funcionario de su extrema confianza, Julio Conte Grand –en ese momento secretario de Legal y Técnica- en diciembre de 2016 pasó a desempeñarse como Procurador General de la Provincia, es decir, jefe de todos los fiscales.
Conte Grand reemplazó a la cuestionada María del Carmen Falbo, quien venía ejerciendo el cargo desde las gestiones justicialistas, aspecto que fue criticado por la flamante administración de Cambiemos por su supuesta pertenencia política a ese sector o por afinidad manifiesta.
Recientemente, María Fernanda Inza fue designada al frente de la Contaduría General de la Provincia en reemplazo de Gastón Messineo, quien renunció hace pocas semanas.
Inza viene, precisamente, de la misma secretaría de Legal y Técnica que antes supo ocupar Conte Grand: parece que ese cargo es un trampolín a otros de mayor relevancia.
En otro aspecto, cabe señalar que el principal organismo de control de la Provincia, el Tribunal de Cuentas, está prácticamente sin funcionamiento por la falta de cobertura de vacantes de sus vocalías.
Las críticas a la gestión Vidal se enfocaron en la demora que existe en el envío de los pliegos para reemplazar a los vocales que dejaron sus cargos en los últimos dos años.
