Sábado 20.4.2024
21.8.2018. Cuarenta intendentes del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires se reunieron este martes en La Plata para manifestar su preocupación por la eliminación del Fondo Sojero anunciada hace unos días por el Gobierno nacional y, en ese marco, anunciaron que presentarán un recurso de amparo para que la medida no se haga efectiva.
En tal sentido, los jefes comunales de la oposición expresaron su “repudio a la eliminación por decreto del Fondo Federal Solidario”, por lo que acordaron realizar un reclamo colectivo junto a la Defensoría del Pueblo Bonaerense para exigirle al Gobierno su restitución.
“El Fondo Federal Solidario establece que el 30 por ciento de lo que recaude el Estado Nacional en concepto de retenciones a la soja y sus derivados será coparticipado con las provincias, las cuales, a su vez, girarán estos recursos a sus municipios para ser utilizados en infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial”, explicaron los intendentes.
Al respecto, luego de la reunión señalaron que “gracias al Fondo Federal Solidario la provincia de Buenos Aires y todos los municipios pudimos realizar obras de asfalto, iluminación y construcción de espacios gratuitos e inclusivos de promoción del deporte, la cultura y la educación, entre otras, que beneficiaron de forma directa a más de 16 millones de vecinos y vecinas”.
En ese mismo encuentro, los intendentes del PJ repudiaron “la represión ocurrida hoy en La Plata por parte de la policía a los trabajadores del Astillero Río Santiago, que marchaban en defensa de sus puestos laborales”.
También, expresaron su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner “en un contexto de persecución política sin precedentes en la Argentina”.
Además, cabe indicar que los intendentes peronistas se reunieron también en La Plata con el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, para expresar sus rechazos a la escalada de “tarifazos” que “está ahogando la economía de los bonaerenses, quienes destinan un gran porcentaje de sus ingresos a pagar el agua, el gas, la electricidad, la nafta y el transporte, cuyos incrementos se trasladan a alimentos, remedios y distintos productos de la canasta básica”.
Por último, los jefes comunales solicitaron al gobierno de María Eugenia Vidal que declare la “Emergencia en Infraestructura Educativa e invierta el 50 por ciento de los 36 mil millones de pesos que recibe de la Nación en el marco de la Ley de Financiamiento Educativo en infraestructura escolar, tal como hacemos los municipios”.
“En el caso de las Comunas, esta inversión representa 3.200 millones de pesos, el doble de lo presupuestado por la Provincia (1.700 millones). Por su lado, la PBA destina 0 pesos del Fondo de Fortalecimiento Educativo a realizar obras en las escuelas y en cambio, emplea la totalidad de estos recursos para pagos al personal”, concluyeron.
