Jueves 18.4.2024
7.12.2018. La Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires va a terminar 2018 con un lamentable funcionamiento producto de su propia inoperancia: tiene 4.172 expedientes frenados, por un monto de 2.600 millones de pesos, cuyos libramientos significarían el pago a decenas de empresas proveedoras que hace varios meses están a la espera de cobrar.
“Está todo parado, algunos expedientes llevan en promedio seis meses de atraso”, comentó a este portal una fuente calificada del organismo.
Según se supo, varios de los problemas comenzaron a acrecentarse con la llegada de varios equipos técnicos que desembarcaron de la mano del flamante Contador General, Carlos Baleztena, al que muchos reconocen por su alto grado de conocimiento en la órbita a administrar.
Como se sabe, Baleztena llegó a ese cargo luego del bochorno que significó el nombramiento de la contadora María Fernanda Inza (duró seis días en su función), desplazada por la gobernadora María Eugenia Vidal luego de estar sospechada por la investigación de los aportantes “truchos” de la campaña electoral de Cambiemos en los años 2015 y 2017.
Las anormalidades con los expedientes acumulados en la Contaduría General tienen que ver, agregan las fuentes, con el “alto grado de rechazo que tienen los trámites iniciados, dado que los hacen pasar por oficinas de manera permanente y eso hace que las demoras sean eternas”.
“Hay una empresa, por ejemplo, que se llama Biolimp que en 2017 licitó para la limpieza de ministerios y otros edificios públicos de la Provincia; en marzo comenzó a prestar sus servicios y todavía no cobró la primera factura presentada”, recordó otro de los voceros del organismo.
Por lo que se observa, el nudo del problema radica en una cuestión: “El expediente de Biolimp tuvo 160 pases (traslado de una oficina a otra para su control), lo que demuestra la inoperancia de este sector”, agregó.
“Nosotros creemos que con este proceder se está perjudicando al Gobierno de Vidal, porque el presupuesto para pagar a las empresas está, pero las demoras por trámites de expedientes hacen que eso sea imposible”, sostuvieron las fuentes.
“Hay Pymes y grandes empresas a las que se les deben fortunas por culpa de este cuello de botella que termina siendo la Contaduría”, expresaron los voceros que prefirieron mantener sus nombres en reserva.
Por otro lado, el problema de todos los proveedores que esperan cobrar por los trabajos prestados es que “detrás de cada facturación hay una continuidad laboral, hay inversiones por compra de insumos o mejoras edilicias”.
“El sistema es tan perverso que a nosotros nos hacen estar al día con el pago de impuestos, nos exigen no tener deudas de ningún tipo, pero la Provincia no cumple”, le dijo a este portal uno de los proveedores consultados.
Seguidamente, el empresario señaló que “en estos tiempos de recesión, de tasas altas, devaluación e inflación, tenemos que estar padeciendo unas demoras administrativas desgastantes”.
“Por la inoperancia, hay subejecución presupuestaria en los ministerios de Salud e Infraestructura”, destacaron desde Contaduría General.
Pymes como ADE o grandes empresas como Bruno Construcciones, Briales S.A.; además de EZCA (del rubro limpieza), Fresenius (especializada en equipos de diálisis), LAMCEF (tratamiento de residuos patogénicos): Oxígeno S.A. y Air Liquide, sólo por mencionar algunos de los tantos casos, están en la misma situación de espera.
Algunas de las mencionadas, por ejemplo, están trabajando con la licitación ya vencida, causada por demoras de los ministerios en el armado de los pliegos correspondientes para renovar los servicios. Como salida a esa desprolijidad, se procede al mecanismo del “legítimo abono”, que es una especie de prórroga de la licitación, atendiendo la urgencia de la contratación.
Entre tantos problemas detectados, también se encuentra el de la “redeterminación de precios que tampoco se están pagando por las demoras”. Cabe mencionar que, por el atraso en los pagos y por los aumentos de costos diversos por inflación, las empresas se ven obligadas a acordar con el Estado la “adecuación” de sus servicios.
Otro de los aspectos que llamaron la atención de los voceros del organismo comandado por Baleztena tiene que ver con el atraso en el pago de servicios esenciales, como lo son la luz y el gas.
“Las demoras también las están sufriendo las empresa Camuzzi (de gas, unos 5 millones de pesos) y Edelap (de electricidad, 9 millones de pesos)”, comentó una de las fuentes.
Al respecto, el vocero insistió con un aspecto: “El rechazo de expedientes genera demoras innecesarias, con el agravante de que el dinero para pagar está”.
“En la Tesorería, hay 2.600 millones de pesos en stock que están esperando a sus destinatarios”, concluyó.
