Martes 16.4.2024
14.12.2018. La pulseada iniciada en ámbitos de las justicia federal para determinar quién se quedaba con la causa de los aportes “truchos” de la campaña de Cambiemos en 2015 y 2017 quedó definida de cuajo por la Cámara Nacional Electoral, que decidió que la investigación quede a cargo del juez federal de La Plata con competencia electoral, Adolfo Gabino Ziulu.
Como se recordará, el caso de los aportes “truchos” de la campaña electoral de Cambiemos tuvo una apuntada: la tesorera del Pro y ex funcionaria bonaerense María Fernanda Inza (fue secretaria de Legal y Técnica y tuvo un fugaz paso por la Contaduría General).
Inza fue desplazada del Gobierno provincial por orden de su propia amiga y a su vez presidenta del Pro bonaerense, María Eugenia Vidal.
La causa judicial que investiga la campaña electoral de Cambiemos -especialmente la de 2017 con el candidato a senador nacional Esteban Bullrich y la primera en la lista de candidatos a diputados nacionales Graciela Ocaña- se inició luego de que tomara estado público las denuncias de afiliados al Pro, jubilados, beneficiarios de planes sociales, funcionarios y dirigentes partidarios que figuraban en una lista de aportes de dinero que no fueron tales.
En ámbitos judiciales hubo diferencias respecto a cómo abordar el caso: si correspondía el fuero penal o el electoral. En un principio, la investigación la tomó el juez federal platense Ernesto Kreplak, del fuero penal.
Sin embargo, los jueces de la mencionada Cámara, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, decidieron que el caso pase al juzgado de Ziulu.
"Está fuera de discusión que más allá del encuadre jurídico propuesto en la denuncia, los hechos llevados a conocimiento de la Justicia penal están referidos a los datos incluidos en el informe final de las campañas electorales legislativas del año 2017 entregado ante la Justicia electoral”, expresaron los jueces.
Seguidamente, Corcuera y Dalla Vía señalaron que “los hechos que fueron denunciados ante el fuero penal debieron indudablemente haber sido dirigidos al juez federal con competencia electoral, con arreglo al procedimiento que expresamente establece la ley que rige la materia".
En los ámbitos de la Justicia se aclara que las “penalidades” contra los responsables de este tipo de ilícitos –en caso de ser comprobados y haya condena- son menores que los que pudiera resolver el fuero penal.
Por las dudas, Corcuera y Dalla Vía aclararon que "lo expresado no implica que pueda afectarse el avance de causas penales, a partir de la afirmación de pretendidas vinculaciones entre los hechos que en ellas se investigan y el patrimonio de los partidos políticos o el financiamiento de sus campañas electorales".
