Martes 23.4.2024
5.2.2019. Tras el receso judicial, volvió a tomar impulso la investigación que pone foco en la responsabilidad del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, en un supuesto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales
Administración fraudulenta, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y estafa a los vecinos más necesitados en beneficio de una empresa de desarrollos inmobiliarios vinculada a un amigo del intendente Posse, son algunos de los temas que están en estudio en la justicia federal.
De acuerdo a lo que pudo saber este portal de fuentes seguras, están en la mira de la Justicia tanto el intendente como varios integrantes de su gestión. Todos están siendo investigados por el desvío de una cifra que supera los tres mil millones de pesos.
La investigación por administración fraudulenta, corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita que cae sobre funcionarios del Gobierno municipal de Cambiemos, se investiga en el Juzgado Federal a cargo de Sebastián Ramos, y el Fiscal Federal que impulsó la investigación es Jorge Di Lello.
El tema en cuestión tiene que ver con la “desaparición” de 208 casas. Eso es lo que sucedió tras la construcción del Barrio “Martin y Omar” ubicado en el Bajo de San Isidro, en donde estaba previsto levantar 250 unidades y solo se observan 42.
Por ese y otros motivos, la investigación apunta al intendente Posse y a muchos de sus funcionarios, como así también a las empresas sospechadas de formar parte de esta maniobra, y cuya nave insignia de lavado habría sido la desarrolladora “Syrah Constructora”.
Transferencia de recursos
Entre los años 2005 y 2011 el Gobierno nacional le transfirió a la gestión de Posse 410 millones de pesos (aproximadamente 80 millones de dólares) para la construcción de viviendas destinadas a cubrir necesidades habitacionales en el Municipio a su cargo.
En el Bajo de San Isidro debían construirse 250 casas. El Estado Nacional giró la totalidad de los fondos, se pagaron los Certificados de Obra por el 98 por ciento de la obra proyectada, supuestamente construida y fiscalizada. Pero en el barrio solo se ven 42 casas construidas.
La historia y los fondos recibidos muestran que el intendente sanisidrense fue, entre 2004 y hasta 2009, uno de los intendentes más mimados de los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Pero en el año 2014, la concejal del Frente Renovador, Marcela Durrieu (madre de Malena Galmarini y suegra de Sergio Massa), presentó una denuncia por administración fraudulenta y demás delitos. Imputaba a funcionarios del Municipio de San Isidro respecto de los fondos girados por (el ministro de Planificación, Julio) De Vido y (José) López en el marco del Plan Federal de Viviendas.
Esta denuncia comenzó a desnudar una trama de empresas proveedoras del Municipio, como ser la desarrolladora inmobiliaria “Syrah Constructora”, fundada por el arquitecto Fernando Romero, ex Secretario de Obras Públicas del municipio y amigo personal de Posse.
Esta empresa habría servido para desviar fondos y lavar activos vía fideicomisos inmobiliarios, uno de los delitos donde la justicia de todo el mundo pone la lupa con mayor detenimiento. También es uno de los componentes más importantes que hacen a la investigación de la corrupción kirchnerista.
Junto con la denuncia por los fondos de campaña, esta causa es la que más complica la credibilidad de los Gobiernos de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal, ya que Gustavo Posse es considerado por ambos como un “intendente propio”.
Con la denuncia en curso, el fiscal Di Lello solicitó la apertura de la investigación. El juez Ramos le autorizó hacerla. Entonces el fiscal investigó, secuestró documentación, realizó inspecciones oculares, cotejó informes, chequeó sujetos involucrados, pidió informes a la Procuración Especial para el Lavado de Activos (PROCELAC) y vinculó actores.
Del informe de la PROCELAC, llamado Análisis Reticular, que sirve para determinar vínculos de redes que funcionan en este tipo de delitos complejos, surgiría la red de vínculos entre proveedores, las empresas del grupo Syrah, municipio y política.
“No deja de sorprender en fuentes judiciales la magnitud del entramado delictivo armado que se realizó para derivar el dinero destinado a la construcción de casas en uno de los barrios más humildes del Conurbano”, sostuvo una de las fuentes.
Entrecruzamiento
El nombre que más aparece en la causa, además de Gustavo Posse, es el del arquitecto Fernando Romero, ex Secretario de Obras Publicas de la Municipalidad de San Isidro.
Romero y sus familiares aparecen entrecruzados en empresas constructoras que participaron en la adjudicación de la construcción de las obras del Plan Federal de Viviendas de San Isidro. Claro que esas viviendas nunca se construyeron.
Casi 410 millones de pesos destinó el Estado nacional a la gestión de Posse para la construcción de viviendas sociales. Gran parte de ese dinero terminó en las arcas de empresas que tuvieron un desarrollo notable en la Zona Norte como lo es la constructora Syrah. Muchos decían en chiste que Syrah pasó de “mendigo a millonario” en pocos meses.
Lo curioso de este entramado de denuncias es que el municipio presentó los certificados de obra terminados, lo que le permitía cobrar el dinero destinado a las viviendas. La justicia, en sus peritajes en el terreno, pudo ver en blanco sobre negro que las viviendas no están.
Con estos antecedentes, Durrieu amplió la denuncia y aportó más pruebas. Le facilitó a la Justicia Federal información de la constitución de varias de las diversas sociedades que formaron parte de este entramado para “quedarse y blanquear plata de este aparente sistema de corrupción que podríamos llamar Kambiemos”.
De esa ampliación de denuncia se observa cómo las sociedades que eran proveedoras del Municipio de San Isidro, y en varios casos contratadas para certificar las obras del Plan Federal de Viviendas, eran integradas por idénticas personas, la mayoría altamente vinculadas familiar o comercialmente con quienes eran o fueron funcionarios municipales a cargo de estos controles.
El fiscal Di Lello, en base a todos estos antecedentes, considera que existe la fuerte sospecha de que los delitos denunciados han sido cometidos y que debe citarse a indagatoria a quienes están claramente involucrados a fin de que puedan defenderse y deslindar responsabilidades
Pero, el juez Ramos no lo autoriza a citar a indagatoria a los imputados. Recomienda que previo se realicen unas pericias solicitadas por el abogado del arquitecto Romero, casualmente el estudio de Javier Landaburu, casualmente el mismo que patrocina a Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri.
La cuestión es que al fiscal que quiso investigar, le sacaron la causa.
Sin embargo, los problemas para Posse, Romero y compañía no terminan ahí, ya que durante 2018 se sumó una denuncia de un ex empleado municipal, el abogado Augusto Horacio Cornes, quien tras jubilarse y haber trabajado en la Secretaría de Obras Publicas, se presentó también en la Justicia denunciando la misma red de corrupción municipal.
