Martes 16.4.2024
11.6.2019. No solamente la justicia federal está en la mira por las permanentes sospechas que existen respecto al rápido diligenciamiento que tienen muchos casos vinculados a representantes de la oposición, en contrapartida con los que tienen como protagonistas a funcionarios públicos que están en el ejercicio del poder: la justicia de la provincia de Buenos Aires mostró, en los últimos días, que va en ese mismo camino.
Ejemplos sobran, aunque hay tres que son, sin caer en exageraciones, emblemáticos.
El primero tiene que ver con Mariano Bruera, quien permanece con detención domiciliaria en el marco de una causa por presunto pedido de coimas para rezonificar terrenos destinados a beneficiarios del Plan Procrear, en tiempos en que gobernaba la ciudad de La Plata su hermano Pablo Bruera.
Cabe recordar que tras iniciarse la causa judicial en su contra, el hermano del jefe comunal justicialista fue detenido en enero de 2017 junto a otros ex funcionarios municipales.
En diciembre de 2018, la fiscal a cargo de la instrucción, Victoria Huergo, presentó ante el Tribunal Oral Criminal II platense donde está radicado el expediente un pedido para que el juicio oral por “asociación ilícita” se realice entre agosto y septiembre de 2019.
Como se sabe, en agosto de este año se realizarán las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para definir quiénes serán los que representarán a cada partido o alianza en las elecciones generales de octubre. Nadie duda de que el juicio oral, de realizarse en esa época, estará enmarcado por el fragor de la campaña política, en las que el justicialismo buscará destronar a Cambiemos.
“Resulta de indudable trascendencia institucional, tanto desde el plano local cuanto internacional”, el inicio del juicio entre fines de agosto y comienzos de septiembre, sostuvo la fiscal Huergo, para quien el Caso Bruera generó “interés en toda la comunidad platense, máxime encontrándose imputado el hermano de quien ocupara el cargo de intendente durante dos períodos”.
Lo cierto es que el juicio oral para determinar las responsabilidades de Mariano Bruera estaba pactado para agosto de 2020.
Según José Schulman, de la liga Argentina por los Derechos del Hombre, la fiscal Huergo “demuestra claramente en sus fundamentos que las motivaciones de sus peticiones se encuentran absolutamente alejadas de los objetivos y principios legales que marcan su actuación como Agente de la Justicia”.
“Hay una judicialización de la política, una persecución al que piensa distinto. Una voluntad persecutoria a la oposición para poder gobernar sin interferencias", expresó en relación a dicho caso el abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Oscar Rodríguez.
Schulman y Rodríguez participaron, hace pocos días, de una exposición del Caso Bruera, en donde anunciaron que ante las irregularidades observadas recurrirán en lo inmediato ante la Organización Interamericana de Derechos Humanos para que intervenga en la cuestión.
Robo al intendente Julio Garro
Hace pocos días, la concejal de la Unión Cívica Radical e integrante del bloque Cambiemos en La Plata, Florencia Rollié, exigió que se esclarezca de inmediato cuál fue el verdadero monto de dinero que fue robado en el domicilio del intendente Julio Garro el 2 de marzo de 2016.
“¿Al intendente le robaron de su casa 25 mil pesos o 6 millones de dólares?”, lanzó Rollié, para luego agregar que “los vecinos de nuestra ciudad merecen conocer esta información lo antes posible por cuanto de los datos existentes surge una profunda duda”.
En ese sentido, la concejal radical pretende que se sepa “si esos 6 millones de dólares que se mencionan estarían vinculados con la renovación del contrato con la empresa ESUR, prestataria del servicio de recolección de residuos en la ciudad”.
A su vez, Rollié cree que también esa suma de dinero podría ser proveniente de la “recaudación de las cooperativas contratantes con el municipio”.
Pero al margen de las dudas de la integrante del bloque Cambiemos respecto al monto de dinero robado al intendente Garro, hay otra que también pone bajo la lupa a la Justicia: el juicio oral se llevará a cabo en junio de 2020, es decir, lejos de las elecciones de este año en donde se definirá la continuidad o no del jefe comunal.
Lo de Garro fue en enero de 2016 y la detención de Bruera ocurrió en enero de 2017, aunque su caso comenzó en 2015. El juicio del Caso Garro será en junio de 2020 y el de Bruera, en agosto de 2019 por el insistente pedido de la fiscal Huergo para que se adelantara.
La Justicia, como siempre, tendrá las excusas respectivas pertinentes: tiempos procesales (Garro), trascendencia institucional (Bruera) y demás cuestiones que sólo servirán para esconder un trasfondo cuasi militante que no se quiere reconocer.
Un ejemplo de esto último ocurrió hace pocos días, cuando este portal dio a conocer que el ciudadano Daniel De Olivera denunció que ninguna fiscalía de La Plata quiso tomarle una denuncia contra la gobernadora María Eugenia Vidal, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo; el Procurador General (jefe de los fiscales), Julio Conte Grand, y la directora del Registro de la Propiedad, María de la Paz Dessy.
“El Procurador Conte Grand ordenó a las fiscalías que no tomen ninguna denuncia contraria al Gobierno bonaerense de Cambiemos”, dijo De Olivera. Cabe recordar que el mencionado funcionario judicial integró el gabinete de Vidal: fue secretario de Legal y Técnica.
A pesar de ese rol cumplido, cuando fue propuesto para el cargo de Procurador prometió ser imparcial respecto a las denuncias contra el Gobierno que supo integrar.
Estará en la ciudadanía creer esa promesa. Y en la Justicia. Si existe.
