Viernes 19.4.2024
13.8.2019. Mediante un decreto firmado por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, se le negó el beneficio de jubilación como ex diputado provincial al ahora detenido empresario de la carne Alberto Samid.
La gobernadora actuó así en respuesta a un pedido del empresario para acogerse a dicho beneficio, basado en que fue legislador bonaerense en representación del justicialismo durante el período 1987-1991.
“Si bien la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires certificó los servicios desempeñados por Samid como diputado, desde el inicio y a lo largo de todo el expediente se observan diversas irregularidades en las declaraciones juradas en las que se falsea y/u omite información”, se señala en los considerandos del decreto N° 997 firmado por Vidal.
Además, se señala como impedimentos para acceder a los beneficios de la jubilación como ex diputado el hecho de que Samid es poseedor de “diversos bienes registrables que no consignó en la declaración jurada”.
“Asimismo, en dicha declaración jurada no consigna ingreso alguno y declara como ‘propiedad de la familia’ el inmueble donde fija su domicilio, el cual es señalado como alquilado, acompañando luego un contrato de locación”, se agrega en el decreto.
En otro punto se señala que en la declaración jurada de 2002, Samid “no declara ningún tipo de ingresos ni bienes”, aunque en el informe ambiental “declara encontrarse desocupado y desde el año 1998 haber realizado algunas actividades como compras de hacienda por las que cobraba una comisión que, cabe reiterar, no consignó en las declaraciones juradas”.
“También señala que el sustento económico de la familia es una cuenta bancaria heredada, habiendo prestado parte de ese dinero y percibiendo una comisión, que tampoco consignó en ninguna declaración jurada”, dice otro de los puntos de los considerandos.
Al solicitarle más información al empresario conocidos los informes, acompañó contrato de locación, certificados de registro de juicios universales donde constan que se decretaron las quiebras de los Frigoríficos Moreno S.A. y Matadero y Frigorífico Antártico S.A., señalando que “los recibos sobre mis ingresos están en las respectivas empresas, ya que el beneficiario de la percepción del dinero soy yo”.
En cuanto al intercambio de cheques, no existió nunca documentación respaldatoria, dado que se trataba del cambio de cheques de terceros por otros cheques de terceros.
“Respecto de las referidas sociedades es dable destacar que, hasta entonces, Samid no hace mención de ninguna de ellas en las declaraciones juradas, ni como socio ni como empleado ni declara ningún tipo de ingreso en relación a las mismas”, agrega el decreto firmado por la gobernadora bonaerense.
En otro punto, se consideró que “de las actuaciones se desprende que además del marco de informalidad en el que trabajaba Samid, claramente falseó y omitió información en las declaraciones juradas y, lejos de aclarar o brindar explicaciones en las diversas oportunidades dadas, sólo acentuó las dudas, contradicciones y lagunas informativas”.
De acuerdo a un informe de dominio expedido por la Dirección de la Propiedad Inmueble de la Provincia en el año 2009, surge la titularidad de Samid respecto de un inmueble que compró en el año 1978 y que incluso omitió consignar en las declaraciones juradas presentadas.
Uno de los aspectos que se destaca en dicho decreto es que la Ley N° 5.675 establece en su artículo 6° un régimen previsional extraordinario para ex legisladores de la provincia de Buenos Aires que se encuentren imposibilitados física o mentalmente y los que teniendo más de cincuenta años de edad no posean ingresos que alcancen el importe de la jubilación establecida en la misma.
En esa misma normativa se establece respecto de quienes perciben ingresos que: “… se le liquidará la diferencia hasta cubrir el total establecido para las jubilaciones y pensiones”, y el artículo 5° expresamente señala que: “La falsedad de los datos contenidos en las declaraciones juradas, harán perder el beneficio que otorga la ley”.
Cabe recordar que desde junio de este año el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 (TOPE) le concedió a Samid la prisión domiciliaria. Estaba en la cárcel de Marcos Paz desde abril, condenado a cuatro años de prisión por asociación ilícita.
Los jueces tuvieron en cuenta su estado de salud: sufre hipertensión, diabetes y un cuadro severo de estrés. Ese mismo tribunal lo condenó a la pena de cuatro años de prisión efectiva por asociación ilícita, acusado de evadir IVA retenido o percibido a terceros entre 1993 y 1998, entre otras maniobras, por unos 23 millones de dólares.
