Jueves 16.5.2024
23.12.2019. En abril de este año, durante un rutinario control vehicular por parte de efectivos de la Policía bonaerense se descubrió que un hombre llevaba consigo varias tarjetas de débito, además de una importante cantidad de dinero. El hecho sucedió en el cruce de la Ruta 36 con Avenida 44, en la zona oeste de La Plata.
Esas tarjetas de débito pertenecían a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense. La Justicia determinó con el tiempo que esos plásticos eran utilizados para desviar fondos públicos a través de falsas compras de combustibles destinadas a vehículos oficiales.
La Justicia estimó que mediante ese procedimiento ilegal se venía perjudicando al erario público desde hace varios años con montos que oscilaban entre los 250 mil y un millón de pesos semanales. En la organización no solamente estaba el detenido en el procedimiento policial, empleado de una estación de servicio ubicada en 44 y 31 de La Plata, sino también varios funcionarios de la DGCyE que también quedaron tras las rejas.
El encargado de dicha estación de servicio, enterado de la detención del empleado, decidió quitarse la vida en uno de los baños de ese lugar.
A poco de finalizar 2019, otro caso conmueve a la dependencia educativa provincial: un estafador inventó que sus familiares eran docentes y le robó al Gobierno bonaerense $ 6.591.769 en sueldos.
De acuerdo a la nueva investigación judicial, fueron siete las personas involucradas en el cobro ilegal de sueldos, que se efectivizaron de manera retroactiva –con adicionales y bonos- entre junio de 2014 y octubre de 2018.
En este caso, la Justicia determinó que el líder de la organización delictiva es Alberto Martín Acevedo (34), quien se desempeñaba en el Área Contralor Docente.
Las seis personas beneficiarias de los cobros fueron identificadas como Laura Alejandra Estrella (43), Benjamín Benítez Fredes (30) y su pareja Jéssica Carolina Cabrera (28), María Asunción Cabrera (42), Rufina Cabrera (34) y Silvia Edith Silva (49), todos ellos parientes entre sí.
Los “prestanombres” figuraban como preceptores de las escuelas de nivel secundario N° 42 y N° 67 y de la escuela técnica N° 5, todas de La Matanza. Con la sola presentación del DNI, podían cobrar en caja.
Tras una investigación encabezada por el fiscal a cargo de la UFI N° 16 de La Plata, Juan Cruz Condomí Alcorta; se imputó a Acevedo por asociación ilícita calificada en concurso real con fraude calificado por haberse cometido en perjuicio de la administración pública. A los seis restantes, como coautores del mismo delito.
Condomí Alcorta pidió al juzgado de Garantías N° 5, a cargo de Marcela Garmendia, elevar la causa a juicio.
Cabe destacar que tanto el fiscal como la jueza también están al frente de la causa del robo de combustibles en la DGCyE.
