Sábado 27.4.2024
25.6.2020. Recientemente ingresó a los tribunales federales de Comodoro Py un pedido de citación urgente por parte de un ciudadano de la provincia de Buenos Aires que dice tener precisiones respecto al lugar en donde se encuentran restos óseos pertenecientes a desaparecidos durante la última dictadura militar.
El pedido en cuestión fue realizado a la jueza federal a cargo del Tribunal Federal Nº 1, María Romilda Servini, que le fue asignado el caso por sorteo bajo el número 4102/20 luego de presentada la documentación respectiva.
“Quiero aportar y prestar testimonio urgente”, le pide a la jueza Servini el autor de la presentación, Daniel De Olivera, quien antes había denunciado en su momento al “aparato corrupto del Estado por delitos de lesa humanidad”.
Al respecto, De Olivera sostiene en su denuncia penal que pese a la gravedad de sus dichos “sospechosamente nadie hizo nada y jamás fui convocado”. Además, asegura haber hecho similares presentaciones en los tres poderes del Estado.
En ese sentido, el denunciante en cuestión sostiene que existe un “estado de encubrimiento gravísimo”, dado que a pesar de haber enviado “cientos de e-mail dirigidos a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y otras organizaciones de derechos humanos además de las máximas autoridades políticas, legislativas y judiciales, nadie se molestó en mover los expedientes”.
De Olivera asegura que está en condiciones de determinar con precisión en dónde se encuentran 500 cuerpos de personas que figuran en condición de desaparecidas durante la última dictadura militar: “Están enterrados en un predio que en su momento perteneció a la corporación judicial que representaba el fallecido juez federal platense Manuel Humberto Blanco”, afirmó.
En tal sentido, sostiene además que dicha “corporación judicial” se encargó más tarde de “escriturar con la complicidad de reconocidos escribanos las propiedades que les pertenecieron a los desaparecidos”.
A su vez, De Olivera le pide a la jueza federal Servini que convoque a peritos especializados, como ser antropólogos forenses y veedores internacionales para cotejar sus afirmaciones.
Como prueba adicional a sus afirmaciones, De Olivera dice que “tengo hace más de 15 años a un represor asesino de la Armadaque está viviendo en una de mis propiedades ubicada en Florencio Varela, la cual por supuesto me la usurpó”.
“Este personaje secuestró, torturó y luego se apropió del hijo de una mujer que él mismo mató en Quilmes”, manifestó, para luego agregar que “hoy, este joven vive en el sur argentino esperando saber su verdadera identidad”.
Según lo señalado en el expediente ingresado a Comodoro Py, este militar de la Armada “declaró a su primera esposa NN desaparecida en la dictadura; a su segunda esposa una junta médica militar la declaró insana en plena democracia justo cuando comenzó el Juicio a las Juntas militares para silenciarla”.
