4.1.2022. Aunque sin mencionar el calificativo con el que se han hecho eco los medios de comunicación desde que se conocieron los hechos, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió al caso que desde hace varios días es materia de investigación de la justicia federal: la denominada “Gestapo” que funcionó durante el gobierno de su antecesor, Mauricio Macri; y en el de María Eugenia Vidal, a cargo de la Gobernación bonaerense.
“La Justicia Federal investiga una denuncia que he ordenado hacer a la Agencia Federal de Inteligencia para que se investiguen acciones del anterior gobierno que promovieron el espionaje ilegal y diversas persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores”, escribió el presidente Fernández en su cuenta oficial de Twitter.
Seguidamente, Fernández destacó que “a partir de la nueva información quisiera recordar: al inicio de la gestión denunciamos la existencia de más de 100 celulares encriptados provistos por la AFI que incluía funcionarios nacionales, pero también personas de la justicia y socios políticos y comerciales de Cambiemos”.
“Así, se asignaron esos dispositivos a María Eugenia Vidal; a Julio Conte Grand, Procurador de PBA; a Daniel Angelici, ex presidente de Boca; a Gustavo Ferrari, ex ministro de justicia de PBA; al empresario Nicolás Caputo y a Martín Ocampo, ex Fiscal General de CABA, entre otros”, aseguró el presidente de la Nación.
En otro de los textos que forman parte de su mensaje en dicha red social, el presidente lanza una serie de cuestionamientos: “¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en “operador judicial”?”.
“Esas preguntas exigen una respuesta. El uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones crimínales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible”, agregó.
A su vez, sostuvo que “ante la gravedad de los hechos y la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución, la Justicia debe investigar sin demoras y dirimir las distintas responsabilidades de autores y cómplices en estos hechos”.
“He impuesto a la intervención de la AFI, el deber de poner al servicio de inteligencia en favor de los intereses nacionales. Así lo hace hoy. Acabar con esos hábitos ilegales desplegados en la inteligencia macrista, revaloriza el Estado de Derecho y la convivencia democrática”, concluye el mensaje presidencial.
Al respecto, cabe recordar que la “Gestapo” (sigla de Geheime Staatspolizei, la policía secreta estatal de la que se valió la Alemania nazi para investigar y combatir todas las “tendencias peligrosas” para el Estado) -o “Gestapro” según algunos medios- surgió a partir de los dichos del entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, durante una reunión con el intendente de La Plata, Julio Garro; el senador platense Juan Pablo Allan; su colega de Infraestructura, Roberto Gigante; el subsecretario de Justicia, Adrián Grassi; empresarios de la construcción y agentes de inteligencia.
“Creeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte- si yo pudiera tener una gestapo, una fuerza de embestida, lo haría”, dijo Villegas en la reunión de la también denominada “Mesa Judicial”, la cual se llevó a cabo el 15 de junio de 2017.
Además de los mencionados, en al menos esa reunión también estuvieron Marcelo Jaworski, director general de COPETRO (la empresa de Ensenada cuestionada por la comunidad por la contaminación que genera con el carbón de coque); Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario, presidente de AGRINECO; Fernando Sacrachi, Director de ACIP; Guillermo Moretto, Presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata, y otras seis personas.
Luego de conocidos los videos que forman parte de la denuncia, trascendió además que tres personas sentadas en la mesa y presentadas como "Diego", "Sebastián" y "Darío" -no identificadas en la presentación judicial- eran funcionarios de jerarquía de la AFI que conducían entonces Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
La propia vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, expuso en sus redes sociales que Diego es Dalmau Pereyra, exjefe de Contrainteligencia de la AFI; Darío es Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de Majdalani, y Sebastián es De Stéfano, es jefe del área de jurídicos de la central de espías.
En el marco de la investigación judicial, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó allanamientos en las oficinas del intendente Garro; el senador Allan y de Grassi, ahora funcionario porteño.
La Justicia Federal investiga una denuncia que he ordenado hacer a la Agencia Federal de Inteligencia para que se investiguen acciones del anterior gobierno que promovieron el espionaje ilegal y diversas persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores. pic.twitter.com/QOgrtPxICS
— Alberto Fernández (@alferdez) January 4, 2022