La polémica por la restauración de cajeros en Casinos y Bingos llegó a la Legislatura bonaerense

11.4.2022. Luego de que se conociera la decisión del Gobierno de la provincia de Buenos Aires de habilitar nuevamente la instalación de cajeros y medios electrónicos de pago (posnet) en las salas de juego (Bingos y Casinos), legisladores de la oposición se mostraron preocupados por los efectos que esta medida podría ocasionar en las personas que padecen algún tipo de adicción al juego.

En este sentido el senador del espacio Juntos y presidente de la Coalición Cívica de la provincia, Andrés De Leo expresó su preocupación frente a la decisión -publicada en el Boletín Oficial- de derogar la norma que prohibía taxativamente la instalación de cajeros como medida para combatir la ludopatía y el juego compulsivo. “Esta decisión de la Provincia, a través del Instituto provincial de Lotería y Casinos, es enormemente perjudicial, un gran paso atrás”, señaló.

“En lugar de fomentar y estimular esta adicción, el Estado debería estar trabajando para atender y contener a las personas que padecen de esta adicción que es la ludopatía y también tratar de colaborar con el entorno familiar que también sufren los padecimientos de esta adicción que destruye vidas, destruye vínculos familiares y termina llevando al desastre a miles de bonaerenses”, destacó el legislador.

Por tal motivo, De Leo presentó un proyecto legislativo con el objetivo de expresar su preocupación por el efecto y las consecuencias de la Resolución 477/2022, dictada por Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia, por medio de la cual se deja sin efecto la Resolución 2215/16.

Esta última resolución “fue dictada en noviembre de 2016 –agregó De Leo-, dentro del Programa de Prevención y Asistencia del Juego compulsivo impulsado por el Instituto de Lotería y Casinos, con el objeto preciso de prohibir las máquinas expendedoras de dinero, y/o medios electrónicos que permitan las transacciones con tarjetas de crédito y/o débito bancario (posnet) en bingos y salas de juego, pretendiendo que la decisión acerca del monto o disponibilidad de crédito para jugar sea tomada de manera meditada”.

Además, “esa resolución de 2016 habilitaba al Instituto de Lotería y Casinos a impulsar sanciones contra quienes violaran la resolución. Esto es un paso atrás en una política pública que tenía como meta luchar contra ese flagelo”, finalizó el representante de la oposición.