Domingo 13.10.2024
22.5.2024. “Jorgetiene menos tacto que un cirujano con manoplas”, le dijo a este portal un concejal justicialista de San Martín, ciudad del Conurbano bonaerense que por estas horas está conmocionada con el caso judicial que complica al intendente Fernando Moreira (Unión por la Patria) y a parte de su gabinete.
Ocurre que Moreira podría quedar tras las rejas si prospera un pedido del fiscal federal de esa ciudad, Paul Starc, en el marco de la causa que investiga una serie de contrataciones irregulares de su gobierno con sus respectivas cuentas bancarias.
Starc investiga una falsificación de documento público y defraudación a la administración pública, motivo por el cual el último viernes fue allanada la sede comunal en búsqueda de documentación y le prohibió al salida del país a Moreira.
No obstante, por el momento el jefe comunal puede respirar tranquilo, dado que el pedido de su arresto fue denegado por la jueza Alicia Vence. Aunque el fiscal Starc redobló su postura pues apeló ante la Cámara Federal de San Martín para que se ordenen las detenciones de Moreira, José María Fernández, Hector Rey, Viviana Saluzzo, Lorena Altamira y Marta Beatriz Pastor.
Sin embargo, el aludido en la frase que da comienzo a esta nota no tiene nada que ver con el municipio comandado por Moreira, sino con el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio.
Ocurre que D´Onofrio estuvo hace pocos días con el jefe comunal de San Martín para presentar unos alcoholímetros que serán utilizados por los inspectores municipales con el fin decontrolar a quienes conducen vehículos. Como se sabe, en el territorio bonaerense rige la ley de Alcohol Cero al volante.
De ahora en más, con esos aparatos llegarán los tiempos de las multas en dicho distrito, como ocurre en toda la provincia de Buenos Aires. Precisamente, el tema de las multas y sus “beneficios a determinados infractores” son los que ahora están en la mira de la Justicia y puede complicar al propio ministro D’Onofrio.
En efecto, en la Justicia penal de La Plata avanza una investigación que comenzó con la denuncia de “procesos administrativos sospechosos” debido a multas que “desaparecen” de los juzgados municipales de Tránsito para caer en manos de los Provinciales, especialmente el de la ciudad de La Plata. Y también en el de San Isidro.
Todos esos movimientos administrativos apuntan al responsable del Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial del Departamento La Plata, Mario Quatrocchi, quien cumple ese mismo rol en el Juzgado de San Isidro (con asiento en General Pacheco, Partido de Tigre).
Este funcionario logró sortear los cambios de gestión en la Provincia, dado que antes cumplía el mismo rol bajo la conducción del entonces ministro de Gobierno, Joaquín De la Torre (hoy senador bonaerense de La Libertad Avanza), quien a su vez respondía a la entonces gobernadora María Eugenia Vidal (PRO).
Una vez llegado Axel Kicillof al Gobierno bonaerense, todo lo relacionado a Tránsito pasó a depender del flamante ministerio de Transporte creado en 2021 tras el “desembarco” de Martín Insaurraldey parte del Frente Renovador al gabinete luego de las primarias de 2021con el fin de mejorar las chances electorales en las generales de ese año.
Basta señalar que D’Onofrio es uno de los integrantes del Frente Renovador que conduce Sergio Massa. Como también lo fue en su momento De la Torre, quien pasó del PRO a LLA.
D’Onofrio es, desde que asumió en Transporte, el responsable del accionar de Quatrocchi.
Ocurre que en los últimos meses hubo quejas de jueces municipales de Faltas ante el “puenteo” que les hizo el mencionado juez provincial con las infracciones que tuvieron sentencia. El “modus operandi” de Quatrocchi consiste en tomar los casos en cuestión y procede a realizar un nuevo acto administrativo con “beneficios” para los infractores: esto es, una multa muy costosa pasa a ser casi nula.
La Justicia penal de La Plata puso la lupa en un caso en el que un infractor fue condenado por jueces municipales a pagar multas millonarias por reiteradas infracciones en varios distritos bonaerenses, pero que luego de tomar intervención Quatrocchi se vio beneficiado con la realización de “tareas comunitarias o donación de alimentos a entidades benéficas”.
Las sospechas están centradas en un aspecto fundamental: la posible existencia de una “recaudación paralela varias veces millonaria comparada con la que debería ingresar por los caminos habituales”. Todo eso, en perjuicio de la administración pública.
Hace poco, el fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta (a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 11) envió un escrito al juzgado municipal de Ituzaingó en el marco de la Investigación Penal Preparatoria N° 06-00-056058-23/00, caratulada "Macchi Héctor Raúl (Dte.) s/ Denuncia", a fin de que informe lo siguiente:
1.- Describa brevemente el funcionamiento del sistema SACIT (Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires);
2.- Funcionarios y/o jueces de falta con acceso al sistema;
3.- Competencia territorial para juzgar las infracciones de tránsito por cada Juzgado de Faltas. Específicamente indicar si la competencia territorial que detenta cada juzgado y si es posible juzgar las infracciones de extraña jurisdicción;
4.- Informe procedimiento y/o protocolo para dar de baja infracciones de tránsito, así como los intervinientes en el proceso;
5.- Antecedentes de infracciones del vehículo cuyos trámites de causa resultas ser N°02-0135-00794492-0-00 y N.º 02-135-00032210-6-00, obrantes en el sistema SACIT, y en ese caso, informar lo siguiente:
A.- Si la falta fue labrada por autoridad competente de ese municipio (ya sea manual o por un equipo automático de detección de infracciones);
B.- Estado actual de dicha/s infracción/nes. En caso de haber intervenido un juzgado de faltas de otra jurisdicción, informe datos del mismo, así como el criterio de interjurisdiccionalidad empleado, descargo del infractor, resultado de la sentencia y todo otro dato que estime menester para el desarrollo de la investigación.
Lo que en voz baja señalaron a este portal varios jueces municipales es la seria sospecha de que bajo el accionar de Quatrocchi se estaría logrando una recaudación millonaria de manera diaria. Y que “el ministro D’Onofrio no podría estar ajeno a esta situación”.
La bronca surgió porque no fueron pocos los casos en los que varios jueces de faltas municipales vieron “cambiadas o alteradas sus sentencias por parte de la autoridad superior”. En ese caso, las fuentes coinciden en señalar como responsable de esos movimientos a Quatrocchi.
Otro aspecto que llamó mucho la atención fue que, por una puja jurisdiccional, hace pocas semanas el ministerio de Transporte decidió anular todas las actas de infracción labradas entre el 1 de marzo y el 15 de julio de 2023 en los cinemómetros de la Ruta 205, en el Partido de Cañuelas. Hasta allí fue el propio ministro D’Onofrio para reunirse con la intendenta Marisa Fassi.
“La disputa fue porque no le dieron el juzgamiento de las infracciones a Cañuelas, aún teniendo juzgado municipal; porque todos esos casos los quería acaparar Quatrocchi”, le aseguró a este portal una fuente comunal calificada. Ante el escándalo a punto de ventilarse, el ministro D’Onofrio “decidió cortar por lo sano y ordenó dar de baja dichas multas”.
El Frente Renovador y el “Caso Chocolate”
Lo sucedido en San Martín que tiene contra las cuerdas al intendente Moreira se inició en octubre pasado cuando un hombre denunció que cobraba un plan social del Ministerio de Desarrollo Social y le fue interrumpido. Cobraba como empleado municipal unos 300 mil pesos por parte del municipio y le era incompatible la percepción de un plan social.
Ese fue el puntapié de la investigación que derivó en descubrir que una persona del Municipio de San Martín tenía varias tarjetas de débito y retiraba el dinero de los empleados en un cajero cercano al Concejo Deliberante. Así es que personas con desconocimiento total figuraban como empleados del Municipio y en nombre de ellos se cobraban salarios como supuestos trabajos. En su dictamen, el fiscal señala el caso de una persona contratada que tenía antecedentes penales.
Pese a que niegan la familiaridad del caso, lo sucedido en San Martín remite al “Caso Chocolate”, que en La Plata tiene detenidos a referentes del Frente Renovador, el mismo espacio al que pertenecen D’Onofrio y Moreira.
Efectivamente, Julio “Chocolate” Rigau, fue detenido el 9 de septiembre de 2023 en un cajero del Banco Provincia ubicado en 7 y 54, frente a la Plaza San Martín de La Plata. Tenía en su poder 49 tarjetas de débito, $1.200.000 en efectivo y decenas de recibos.
Al respecto, la Justicia estableció que las tarjetas pertenecían a “ñoquis” de la Legislatura bonaerense, caso por el que además de Rigau están presos el subdirector de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, Claudio Albini, y su hijo, Facundo Albini. Este último fue elegido concejal del Frente de Todos en 2019 y se aprestaba a renovar su banca en 2023 por la lista que encabezó el ahora intendente Julio Alak (Unión por la Patria).
Para la Justicia, Rigau y los Albini formaban parte de una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado provincial, aunque advirtió: “Nada de lo perpetrado pudo escapar del conocimiento y control de aquellos que manejan los módulos y permiten las contrataciones”.
Comparativamente, podría decirse lo mismo de Quatrocchi y D’Onofrio si la Justicia logra develar el misterio de las multas costosas que de buenas a primeras pasan a ser de pago simbólico.
