Domingo 13.10.2024
10.9.2024. El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, sigue estando en la cuerda floja y su futuro en el gabinete del gobernador Axel Kicillof es incierto desde que se destapó la olla del supuesto negociado con las multas de tránsito por parte de gestores amigos.
Efectivamente, la Justicia penal de La Plata investiga desde hace varios meses a una supuesta organización integrada por funcionarios y allegados de su ministerio, abogados y gestores cuya función sería la de generar millonarias ganancias mediante la reducción y eliminación ilegal de multas de tránsito. A fines de la última semana el fiscal a cargo del caso, Álvaro Garganta, ordenó una serie de diligencias en ese sentido.
Lo que más complica a D’Onofrio es el rol que tiene asignado la presidenta del Concejo Deliberante de Pilar, Claudia Pombo, a quien las fuentes sindican de ser una especie de “viceministra” en dicha dependencia.
A decir de quienes siguen de cerca el funcionamiento del ministerio de Transporte, Pombo “reemplaza en reuniones y gestiones a D’Onofrio y luego toma decisiones”, pese a que formalmente no tiene cargo alguno, sino que está ad honorem. Además, las fuentes la señalan como “el cerebro de toda la maquinaria” que ahora es materia de investigación por parte del fiscal Garganta.
De hecho, el fiscal platense está siguiendo la ruta del dinero supuestamente mal habido, el cual habría ido a parar a inversiones inmobiliarias en España.
Hace ya varios meses, este portal dio cuenta de un “protagonista” fundamental en este entramado que está siendo investigado por la Justicia penal platense: se trata del responsable del Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial del Departamento La Plata ubicado en Avenida 7 entre 42 y 43, Mario Quatrocchi.
En esa dependencia de Avenida 7 como en las oficinas del ministerio ubicado en calle 10 y 61 está el convencimiento de que Pombo y Quatrocchi son quienes llevan adelante toda la logística económica con lo que ya se considera como el “negocio de las multas de tránsito”.
Y con respecto a España, ya hay elementos en la Justicia que dan cuenta de que Pombo y Quatrocchi estuvieron juntos en ese país.
La función de Quatrocchi consistiría en tomar casos de multas abultadas de cualquier Juzgado de Faltas municipal y prácticamente rebajarlas a pagos simbólicos o a la realización de tareas comunitarias a quienes cometieron las serias infracciones. Tales situaciones son las que estuvieron perjudicando seriamente la recaudación en los municipios de la provincia, por eso la queja de varios intendentes llegó al propio gobernador Kicillof.
Como se señaló, hay sentencias de los juzgados municipales de San Martín, Chascomús, Lezama, Moreno, Dolores y La Matanza que se las lleva a su juzgado provincial, sea el de La Plata o San Isidro (también está a cargo del juzgado provincial de esta ciudad, pero cuya sede está en General Pacheco, Partido de Tigre).
Los “kioscos”
Otro punto a observar que llama la atención de quienes circulan habitualmente por las rutas bonaerenses, es el denominado “kiosco de los gestores”.
Una alta fuente de un juzgado municipal le dijo a este portal que “cuando los gestores llegan a nuestras oficinas, sus descargos pasan automáticamente a los despachos de Quatrocchi en La Plata o San Isidro y al otro día tienen sentencia a favor del infractor”.
Por ese mecanismo de trabajo, hay serias sospechas de que se podría estar perjudicando seriamente la recaudación de la provincia en beneficio de quienes llevan adelante la posible defraudación.
En voz baja, dicen que Quatrocchi “está bajando, en promedio, unas cien infracciones por día; es decir, toma las infracciones de todos los juzgados municipales de la provincia, en algunos casos hasta causas con sentencia y cambia lo resuelto por otro juez”. Por eso se cree que hay una “recaudación millonaria diaria”.
“Vas por la ruta y tenés a todos los kioscos que publicitan que te sacan las multas”, dijo un vocero judicial en relación a las “gestorías”.
Investigación
Al respecto, cabe mencionar que hace ya varios meses que Garganta, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 11, envió notas dirigidas a las autoridades de los Juzgados de Faltas de varios municipios bonaerenses -Hurlingham, por ejemplo-, a quienes les pidió información precisa respecto al funcionamiento concreto del sistema SACIT (Sistema de Administración Central de Infracciones de Tránsito), como así también quiénes son los funcionarios o jueces de faltas que pueden acceder al mismo.
También, el fiscal pidió que le informen cuál es la “competencia territorial para juzgar las infracciones de tránsito por cada Juzgado de Faltas. Específicamente indicar cuál es la competencia territorial que detenta cada juzgado y si es posible juzgar las infracciones de extraña jurisdicción”.
El escándalo en cuestión tiene que ver con que ya existen denuncias de varios jueces de faltas que vieron “cambiadas o alteradas sus sentencias por parte de la autoridad superior”. En ese caso, las fuentes señalan como responsable de esos movimientos a Quatrocchi.
D’Onofrio y su asistente Pombo
La situación judicial de Pombo es preocupante para el ministro, dado que por estas horas está a las puertas de un juicio oral y público por el delito de “malversación de caudales públicos en la modalidad peculado (por definición, es la apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado por parte de las personas que se encargan de su control y custodia)”, según la resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal de San Martín, fechada el 13 de agosto pasado.
Por ese motivo, además, desde el bloque Juntos por el Cambio anticiparon que van a pedir su expulsión del Concejo.
Las complicaciones para la referente del Frente Renovador e integrante de Unión por la Patria pilarense -distrito comandado por el cristinista Federico Achával- se iniciaron en 2011, luego de que la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) detectara la falta de depósitos provenientes de impuestos de sellos y radicación de automotores en la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires por parte del Registro de la Propiedad Automotor N° 2 de San Miguel.
Precisamente, la jefa de ese Registro Automotor era Pombo. Tras largos cabildeos judiciales, se cree que está cada vez más cerca de un juicio oral y público que puede terminar en dos años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
De prosperar esa situación, los argumentos del ministro D’Onofrio para mantenerla como una de sus principales asesoras caerán por sí solos.
