Domingo 13.10.2024
18.9.2024. La senadora bonaerense, Flavia Delmonte (UCR), está sindicada por el delito de defraudación contra la administración pública y se la acusa de haber montado una presunta red de prestanombres y “ñoquis” a los que habría designado como empleados del Senado provincial, quedándose con parte de sus salarios a cambio de ofrecerles obra social y aportes jubilatorios. Hasta allí es una maniobra idéntica a la que se instruye en el fuero penal de La Plata y que tiene detenidos bajo prisión preventiva a Julio “Chocolate” Rigau, Claudio Albini y Facundo Albini.
De allí que a la senadora Delmonte la apodan en tribunales como la “Chocolate Radical”. Hace cuatro meses un juez de Garantías pidió su desafuero a la Legislatura bonaerense. La idea era indagarla y procesarla. Pero sus fueros lo impiden por ser senadora en ejercicio del mandato.
Ayer, desde la fiscalía y el juzgado se recibió el reclamo por la llamativa demora por parte del Senado para tratar el desafuero. Mientras tanto la investigación judicial está paralizada. De modo que esta pesquisa que tiene bajo la lupa a maniobras vinculadas al bloque político radical-Pro-libertario emerge sin avances en el horizonte.
Y por otro lado, la causa que apunta al PJ y que instruye la fiscal de La Plata, Betina Lacki, por los empleados fantasma y el millonario desfalco con extracciones bancarias sigue a paso acelerado. Con Rigau y los Albini con prisión preventiva y con decenas de empleados “presta nombres” de las tarjetas de débito, declarando día a día en sede judicial.
Desde la fiscalía de Dolores donde se instruye la causa seguida a la legisladora Delmonte, oriunda de la Quinta Sección electoral bonaerense, sorprende que a pesar del tiempo transcurrido aun no fue analizado el pedido de desafuero elevado a la Cámara Alta.
Es que si ese pedido judicial avanza, los investigadores estarán en condiciones de citar a declaración indagatoria y procesar a la legisladora Delmonte, oriunda de Mar de Ajó (Partido de La Costa), acusada de desviar fondos públicos a su patrimonio particular.
Cabe recordar que la maniobra fue dada a conocer por Yanina Arce, ex cuñada de Delmonte y su empleada hasta mayo de 2020. Arce declaró que Delmonte le ofreció un contrato a cambio de un retorno mensual, aunque desde las oficinas del Senado bonaerense lo niegan.
Los allegados a la senadora, por su parte, dan otra versión. Aseguran que la denuncia tiene como objetivo obtener rédito político. “Es una denuncia presentada en mayo de 2021, un año después de que Arce dejara de trabajar para Delmonte y en el contexto del divorcio de la senadora con el hermano de la denunciante”, aclararon.
El pedido de desafuero fue requerido por el juez de Garantías Diego Olivera Zapiola. Luego de una serie de objeciones de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y un fallo de la Cámara de Apelaciones, finalmente Olivera Zapiola accedió a librar el oficio al Senado, quien deberá definir si rechaza el pedido o lo impulsa y vota por el desafuero de la radical Delmonte, que tiene mandato hasta fines del año próximo.
En esa causa penal también están apuntados el asesor de la parlamentaria radical, Alan Razimoff, y el empleado de la Cámara de Diputados,Gonzalo Javier Torrijo Fuertes. Para la fiscalía, estas personas registraban ñoquis en el Senado y se quedaban con gran parte de lo que les asignaban como sueldo.
Con varios casos acreditados en el expediente, el juez Olivera Zapiola elevó el pedido de desafuero en mayo pasado para la senadora Delmonte.
Al formular la citación a prestar declaración indagatoria en calidad de procesada, el fiscal Mario Rafael Pérez, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 4, especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, enfatizó que “sin poder precisarse fecha exacta, pero entre los meses de febrero de 2019 y al menos hasta diciembre de 2020”, la senadora Delmonte, en forma conjunta y coordinada con Razimoff y con Fuertes, “desplegaron maniobras tendientes a perjudicar a la Administración Pública Provincial, consistente en hacer incorporar como empleados administrativos al Senado Provincial a personas que no cumplían sus funciones”, es decir, los comúnmente llamados “ñoquis”.
La causa penal de “Chocolate” Rigau y los Albini y la de la senadora Delmonte tienen un punto de coincidencia muy relevante. Abordan la utilización indebida de recursos públicos para fines personales o partidarios. Y lo que se investiga son los modos de financiamiento en la política con contratos irregulares y desvío de fondos. Y lo que se sospecha es la injerencia en tales maniobras de altos funcionarios.
