15.2.2025. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, emitió un dictamen de enorme alcance en torno a los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico militar, al disponer una medida cautelar de no innovar sobre el Archivo General de la Armada.
El resolutorio prohíbe cualquier modificación, mudanza o eliminación de la documentación resguardada en ese organismo, considerado una fuente crucial de pruebas en causas judiciales en curso.
Según se indicó en tribunales, la medida fue adoptada a pedido de la Unidad Fiscal que interviene en estos procesos, representada por el fiscal general Gonzalo Miranda y la auxiliar fiscal Ana Oberlin.
La medida cautelar se enmarca en la preocupación generada por el anuncio de la Armada sobre la "depuración y selección" de documentos, lo que incluía la posible "trituración" de archivos considerados innecesarios.
Fue a raíz de una nota firmada el 9 de enero por el capitán de Navío Jorge Javier Raimondo, de la Secretaría General de la Armada donde se informaba sobre el inminente traslado del archivo desde su sede en la Ciudad de Buenos Aires hacia el denominado Garage Central de la fuerza, dejando atrás una selección de documentos para su posible digitalización o destrucción.
Para la fiscalía, esa decisión ponía en grave riesgo la preservación de pruebas fundamentales en causas que investigan la responsabilidad de la Armada y la Prefectura Naval en el terrorismo de Estado en la región de Berisso y Ensenada.
De allí que la Unidad Fiscal aseveró que estos documentos podrían contener información clave sobre centros clandestinos de detención, inteligencia militar y la represión dirigida especialmente contra trabajadores del polo industrial y portuario.
El juez Kreplak destacó que en la zona portuaria de Berisso y Ensenada funcionaron diversos centros clandestinos de detención, entre ellos, la ex Base Naval, la Escuela Naval, el Liceo Naval y el Batallón de Infantería de Marina N°3.
También indicó el magistrado que la delegación de la Prefectura Naval y el Hospital Naval "Río Santiago", donde se registraron graves violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, Kreplak enfatizó que la documentación del Archivo General de la Armada tiene un "carácter esencial como elemento probatorio" en las investigaciones judiciales, dado que aún se desconoce el paradero de muchas víctimas desaparecidas.
En ese contexto, el juez puntualizó que la clasificación de documentos en distintos grupos -aquellos que se trasladarían, los que se digitalizarían y los que serían destruidos- no especificaba criterios claros ni garantías sobre la protección del material relevante.