Lunes 29.4.2024
16.6.2020. La Cámara de la Industria Naval Argentina inició acciones legales contra YPF por lo que denominaron un irregular proceso de licitación para los servicios de transporte fluvial de combustible entre las provincias de Santa Fe y Chaco, contrato adjudicado a la compañía naviera Horamar, que fabrica barcazas en el país vecino de Paraguay.
Se trata de un contrato para la provisión del servicio de transporte fluvial de hidrocarburos livianos bajo la modalidad "time charter", por barcazas y remolcadores troncales, para cubrir la ruta San Lorenzo (Santa Fe)-Barranqueras (Chaco).
Entre las irregularidades señaladas se encuentra que, sin razón alguna, se licita un contrato que entraría en vigencia el 01.01.2021 (llamado a Licitación con 2 años de anticipación); que el contrato es por 5 años con opción a 2 años más y además no se exigió el “compre nacional”.
La denuncia hace expresa mención a que YPF, empresa con capital mayoritariamente del Estado, contrato un servicio a prestar dentro del territorio nacional, en puertos argentinos, a una empresa extranjera.
“La construcción de barcazas y remolcadores puede hacerse en cualquier lugar y, de los seis oferentes, cinco pidieron cotización en astilleros argentinos, solo la empresa adjudicataria decidió construcción en el exterior”, expresa el texto de la denuncia.
Cabe mencionar que dichas acciones legales recayeron en el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal Nº 9 a cargo de Marcelo Bruno Dos Santos, quien resolvió ordenar a YPF suspender el avance de dicha contratación, aunque la empresa estatal solicitó que se levante la medida.
En esa línea, el 10 de octubre de 2019, la Cámara de la Industria Naval Argentina presentó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción requiriendo que se investiguen las conductas de los funcionarios públicos en el marco del proceso licitatorio.
Al respecto, interpretan que podrían haber configurado además de un incumplimiento a las normativas éticas, diversos delitos de acción pública en perjuicio del patrimonio del Estado Nacional, acorde a lo establecido en el Código Penal de la Nación.
A la denuncia de la Cámara se suman otras acciones legales de la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburiferos (SUPeH), la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FEMPINRA) y el dirigente político Fernando "Pino" Solanas.
