La política vulnera las Instituciones

20.11.2020. Por estos días asistimos a distintos ejemplos en los cuales las autoridades políticas ejecutivas de la Nación y de la Provincia privilegian sus propios intereses de coyuntura, vulnerando principios establecidos que le corresponden a otras instituciones de la República.

Me refiero a dos casos puntuales. En primer lugar al intento por parte del Gobierno nacional de derogar la norma que establece una mayoría de dos tercios exigida para la designación del Procurador General de la Nación. Ni siquiera es necesario destacar la importancia del jefe de los fiscales, sobre todo en el sistema acusatorio, razón por la cual se encuentra plenamente justificada la mayoría especial vigente. La misma sugiere la necesidad de un acuerdo parlamentario que garantice que el propuesto resulta aceptado por un consenso amplio de legisladores, que le brindan una importante base de apoyo a su futura gestión.

Intereses de corto vuelo y poca grandeza pugnan por el cambio. Es inevitable que nuestro pensamiento se dirija a la Comisión Beraldi, sin legitimidad ni reconocimiento en la comunidad jurídico política, que ha propuesto la modificación en una ajustada votación interna no pública ni vinculante. También recordamos el empellón que sufrieron algunos jueces que motivó la intervención de nuestro más alto tribunal. Todo ello lamentable.

Se podría razonar políticamente en el sentido de que semejante cambio afectará la designación de más de un procurador en el futuro, no solamente en la del próximo, por lo tanto para derogar una ley que exige dos tercios, y que presuntamente tendrá largos años de vigencia, deben exigirse también dos tercios, para igualar la fuerza institucional de ambas normas. La calidad republicana está en juego.

El otro caso bajo análisis corresponde a la provincia de Buenos Aires. Nos hemos enterado que el presupuesto bajo tratamiento prevé una importante partida para instalar Casas de la Provincia en la propia provincia. Un elemental criterio nos indica claramente que estas entidades deben instalarse en otras jurisdicciones nacionales o extranjeras. Hacerlo en la propia provincia afecta sin dudas las autonomías municipales. Los municipios son agentes naturales del gobierno provincial para la gestión de políticas de la gobernación, para su difusión y desarrollo. Pasar por encima de los intendentes afecta la salud institucional bonaerense.

Y otra vez nuestro pensamiento nos sugiere que en los grandes distritos tales oficinas pasarán inadvertidas, pero en el resto de la provincia tendrán una gran importancia. Entonces viendo el mapa con los colores políticos, se puede colegir que el gobierno central sin duda influirá muy fuertemente en las comunas gobernadas por otros partidos, desplazando al intendente a un rol secundario y contrario al espíritu de nuestra organización.

Forzar las leyes, vulnerar principios que las instituciones detentan como base de su funcionamiento, atacar autonomías e independencias son caminos de barro. La vida pública debe transitar por un camino firme, asfaltado, con banquinas cuidadas y destino seguro. No hacerlo así es bajarle mucho el precio a nuestra vida política y poner en peligro la tranquilidad y respaldo popular imprescindibles para que podamos respirar el aire no contaminado de nuestra Constitución, nuestra organización y nuestras leyes, cosas en las que estamos todos de acuerdo.

(*) Abogado de la ciudad de La Plata