Lo de siempre: las comisarías están repletas de presos y no hay solución

18.4.2018. Según un informe del ministerio de Seguridad bonaerense, las comisarías de la provincia tienen capacidad para albergar a 1.003 presos, pero que tiene un total de 3.773 detenidos. La proporción es lapidariamente negativa: hay un excedente del 276, 2 por ciento.

Los datos surgieron a partir de un pedido de una jueza de la ciudad de La Plata, Liliana Torrisi –a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata-, que había iniciado una causa por la superpoblación de personas privadas de la libertad en la Comisaría 8va ubicada en la Avenida 7 y 74.

El pedido de Torrisi estuvo centrado en el cierre de la mencionada dependencia y posterior reubicación de los detenidos que allí se encontraban.

“Es inviable por falta de plazas”, le contestaron desde el ministerio que conduce Cristian Ritondo.

Para proceder a su pedido, Torrisi se basó en el resultado de distintos peritajes de la Asesoría de Tribunales, medida que no había sido cumplida en tiempo y forma, por lo que, con fecha 11 de abril último, decidió denunciar “la flagrante comisión del delito de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La denuncia la hizo ante la fiscalía que se encontraba en turno, a cargo de María Eugenia Di Lorenzo, para que evalúe las responsabilidades penales que eventualmente le cabrían a quienes fueron notificados de la medida y, teniendo legitimación e injerencia en su ejecución, no la llevaron adelante.

Cabe señalar que la orden de clausura y desalojo había sido comunicada a la Jefatura Departamental La Plata; al propio ministerio de Seguridad; a la gobernadora María Eugenia Vidal; a la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense a cargo de Santiago Cantón; a la Suprema Corte y al Comité Permanente de Seguimiento Departamental.

La jueza Torrisi, al constatar la falta de colchones ignífugos y matafuegos en la Comisaría 8va, entre otras graves falencias e irregularidades, con cables a la vista, que le impedían contar con “las condiciones mínimas de habitabilidad para la detención de personas, sin luz natural y escasa ventilación”, había dispuesto, el 27 de diciembre de 2017, que “se arbitren los medios para se proceda a trasladar a la totalidad de los detenidos a otras dependencias, sean policiales o carcelarias”.

Pero se encontró con un impedimento preocupante.