Viernes 26.4.2024
28.6.2019. Si bien la jueza federal María Romilda Servini (ex de Cubría) fue mencionada en uno de los puntos de una fuerte denuncia penal, el arranque de la misma es ambicioso: reclama la impugnación de todas las principales candidaturas de los referentes de Juntos para el Cambio, comenzando por la del presidente de la Nación, Mauricio Macri.
“Vengo a denunciar penalmente e impugnar todas las candidaturas del partido actual de Gobierno Cambiemos y su nueva alianza denominada Juntos para el Cambio”, dice en su escrito el denunciante Daniel De Olivera.
De Olivera dice que basa su pedido en la sospecha de que la campaña que realizarán los referentes de Juntos por el Cambio “se hará con dinero proveniente del narcotráfico”, además del obtenido por “corrupción del Ejecutivo nacional y provincial con las obras y contrataciones sobrevaluadas”.
En el texto de la denuncia al que tuvo acceso este portal se le pide a la justicia federal –específicamente al fiscal Jorge Di Lello- que impute penalmente por actos de corrupción y lavado de dinero proveniente del narcotráfico al presidente de la Nación, Mauricio Macri; a la vice Gabriela Michetti; al Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y a su vice Diego Santilli; a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; y al ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo.
Pero además, De Olivera pide lo mismo para el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand; para el director nacional del Registro de las Personas, Juan D’Amico; la Directora del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, María de la Paz Dessy; para la diputada nacional Elisa Carrió; el senador nacional Miguel Pichetto y el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia.
Como se sabe, de los mencionados son candidatos Macri, Pichetto, Larreta, Santilli, Vidal y Ritondo.
En la denuncia presentada, se le pide a la Justicia federal que investigue los posibles delitos de corrupción en la “sobrefacturación de las contrataciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad durante los años 2007-2015” (gestión Macri), además de las campañas de Cambiemos en los años 2009; 2011; 2013; 2015 y 2017.
Respecto a la jueza Servini, De Olivera pide su “apartamiento hasta tanto se aclare su participación necesaria en brindar protección al Gobierno de Cambiemos y encubrir su financiamiento narco”.
En otro punto argumentativo contra Servini, el denunciante reclama y justifica su separación del cargo por “falsear documentación tras el pacto Cívico-Militar y su designación como jueza federal para el encubrimiento de delitos de lesa humanidad”.
