Allanamiento a su oficina y causa penal en contra: el triste final del jefe de Asuntos Internos

7.11.2019. Guillermo Berra, sin dudas, con el cargo que ostenta bien puede ser catalogado como uno de los hombres más fuertes de la estructura policial: es el que tiene el poder de sancionar o exonerar a efectivos de dicha fuerza mediante la Auditoría General de Asuntos Internos que encabeza desde la llegada del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, en diciembre de 2015.

La mano dura administrativa por parte de Berra no tuvo consideraciones cuando se conocieron casos de policías que estuvieron involucrados en algún hecho anormal. En algunas situaciones, como lo han señalado en su momento los sancionados, hubo excesos.

Como se sabe, a pocos días de las elecciones generales de octubre, la Auditoría General de Asuntos Internos ubicada en Avenida 51 entre 10 y 11 de La Plata fue allanada por orden de la justicia penal. Ese hecho pasó casi desapercibido, sumado a que prácticamente no trascendieron de manera inmediata los motivos que fundamentaron tal proceder.

El allanamiento en cuestión fue ordenado por la fiscal Cecilia Corfield, a cargo de la Fiscalía Nº 15 de La Plata, tras responder a un pedido del juez de Garantías, Guillermo Federico Atencio.

Sorprendidos, los empleados del lugar querían saber las razones de tal procedimiento. Minutos después llegó la noticia: fue en el marco del avance de una denuncia penal presentada por el ex comisario Néstor Martín, quien sospecha que lo estuvieron espiando, lógicamente, de manera ilegal.

Martín, cabe recordar, fue uno de los exonerados de la fuerza por parte de Berra. En su momento, el entonces efectivo policial fue noticia en varios medios de comunicación cuando se lo conoció como el “comisario millonario”.

Pese a quedar afuera de la Policía, Martín y su grupo familiar, además de allegados, habría sido vigilado por orden del auditor Berra. Ahí radica el motivo de su denuncia penal.

Las sospechas de Martín comenzaron a partir del dato de que una empresa vinculada a la jefa de Patrimonio de la Auditoría, María Sardiña, se especializa en el suministro de información confidencial. El agravante es que la empresa en cuestión, Advance Development Solutions (ADS), es propiedad de la mencionada funcionaria.