Comisaría de Quilmes, con capacidad para 12 detenidos y había 52: ¿La culpa es del comisario?

7.11.2019. Las autoridades del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires decidieron, como se dice habitualmente, cortar el hilo por la parte más delgada: echaron al jefe de la Comisaría 3ra de Quilmes y a sus subordinados por considerarlos responsables de la fuga de 11 de presos de la dependencia a su cargo.

La medida fue adoptada por la Auditoría General de Asunto Internos, que además del comisario Miguel Ángel Coch también removió al segundo jefe y a los oficiales que estuvieron presentes en el momento de la huida.

Cabe señalar que este miércoles por la tarde se escaparon 11 detenidos de la comisaría quilmeña, quienes aprovecharon el momento en que uno de los efectivos policiales abrió la puerta de uno de los calabozos para acercarles la comida. Hasta el momento, fue recapturado solamente uno, Alan Xavier Villalba.

Cuando el efectivo policial abrió la puerta, uno de los detenidos lo empujó y cayó al suelo. Ese incidente fue aprovechado por once presos, que salieron corriendo en dirección al patio de la seccional. Allí abrieron un portón que se encontraba sin llave y escaparon por la avenida 12 de Octubre.

Además de Coch, fueron desafectados de la fuerza el segundo jefe, Rubén Darío Banegas, el oficial Jorge Fabián Omar Yolan, el imaginaria de calabozos Elías Nicolás Castillo y el ayudante de Judiciales, Matías Javier Gómez.

Lo cierto es que la capacidad máxima de los calabozos de la comisaría de Quilmes es de 12 personas y en el momento de la fuga había 52.

“Las alzas en los índices de prisionalización nuevamente desembocaron en el alojamiento de detenidos, de modo sistemático, en comisarías como derivado de la sobrepoblación reflejada en el Servicio Penitenciario Bonaerense”, señala un reciente informe del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires.

La Suprema Corte dictó la Resolución 2301/18 con fecha 22 de noviembre de 2018, encomendando a dicho Tribunal la puesta en práctica de un espacio interinstitucional para que concentre y articule las medidas de los restantes órganos jurisdiccionales y con las áreas del Poder Ejecutivo, así como con otras instituciones públicas y no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, con el fin de “revertir la situación crítica de las condiciones de detención de las personas detenidas, procesadas o condenadas”.

En ese marco, se fijaron los objetivos concretos que debían ser cumplidos por la autoridad responsable, siendo uno de los mismos el de “reducir la población alojada en dependencias policiales hasta alcanzar a cumplir lo ordenado en las 110 sentencias judiciales firmes dictadas en relación a la sobrepoblación de dichos lugares y de las que en el futuro se dicten respecto a la referida situación, hasta alcanzar la capacidad real, teniendo en cuenta que las comisarías no pueden alojar detenidos por un período que supere las 48 horas”.

Por lo que se observa, los incumplimientos a los deberes de los funcionarios públicos abarca a las máximas autoridades ministeriales, tando de Justicia (Gustavo Ferrari) como de Seguridad (Cristian Ritondo).