Martes 1.7.2025
11.1.2022. La ex gobernadora bonaerense y actual diputada nacional, María Eugenia Vidal, finalmente quedó imputada en la causa judicial que impulsó el Gobierno nacional luego de que se conocieran videos e imágenes de una supuesta “Mesa Judicial” en la que se habló de una “Gestapo Sindical” con el fin de armar causas contra dirigentes gremiales.
Efectivamente, la causa en la que ahora quedó imputada la ex gobernadora durante el período 2015-2019 hace referencia a lo sucedido en una reunión en la sede del Banco Provincia ubicada en la Capital Federal que se llevó a cabo el 15 de junio de 2017.
En esa reunión se habló de una “Gestapo” sindical. Precisamente, el encargado de hacer alusión a esa metodología de persecución nazi fue el entonces ministro de Trabajo, Marcelo Villegas.
Al respecto, cabe señalar que la imputación contra Vidal surge del dictamen firmado por la fiscal Ana Ruso, luego de un pedido expreso de la defensa del ex secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) Seccional La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina.
Ruso pidió investigar los teléfonos de la ex gobernadora y sostuvo que se está analizando una asociación ilícita.
“Estoy a disposición de la justicia para que investiguen el entrecruzamiento pedido por la fiscal. No hay nada que ocultar. Tengo clara la intencionalidad política de esta causa y la incompetencia del Juzgado en este tema”, expresó la ex gobernadora cuando tomó conocimiento de su imputación.
En los últimos días, en su intento de desprenderse de su supuesta culpabilidad, Vidal manifestó que esa reunión encabezada por Villegas fue “filmada ilegalmente” por algunos servicios de inteligencia, quienes responderían al Gobierno nacional que en ese momento encabezaba Mauricio Macri.
Cabe recordar que la investigación nació por una denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, quien denunció la existencia de un video en el que aparecen ex funcionarios provinciales, de la AFI, y también algunos empresarios de la construcción de La Plata, como así también el intendente platense Julio Garro y el senador provincial de dicha ciudad, Juan Pablo Allan.
Según la denuncia, el encuentro en el Banco Provincia, el 15 de junio de 2017, habría sido para armar causas contra el sindicalista Medina. Según la titular de la AFI, el video que motivó la denuncia se descubrió el 23 de diciembre mientras se realizaban “tareas de organización y mantenimiento de insumos informáticos en uso”.
Respecto a los pedidos de la fiscal Ruso, se supo además que pidió al juez federal que entiende en la causa, Ernesto Kreplak, que amplíe la investigación. Y además solicitó que se incluya como acusados a los empresarios que participaron de la reunión.
Entre las medidas de prueba, la fiscal reclamó “un exhaustivo informe de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de los ex funcionarios presentes en la reunión del 15 de junio de 2017 y el o los abonados asignados a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires durante el período que abarca entre el 1 de mayo del 2017 y diciembre del 2017″.
“Se está investigando en autos la supuesta organización de una estrategia, elaborada en el gobierno nacional, provincial y municipal durante el año 2017, dirigida a impulsar denuncias para involucrar en investigaciones penales a personas vinculadas con la práctica sindical relacionada con actividades de la construcción en la ciudad de La Plata”, se afirmó en el dictamen de la fiscal.
El dictamen de la fiscalía también ratifica la competencia de la justicia federal de La Plata para impulsar esta investigación, un tema que ya fue cuestionado por la defensa de uno de los ex agentes de la AFI. Y hasta se anima a adelantar que se podrá avanzar hacia indagatorias.
En tal sentido, añadió: “Una vez cumplidas las medidas de prueba, recabadas en las actuaciones, y se alcance el estado de sospecha suficiente y, motivo bastante para considerar que alguno de los imputados, ha participado en los hechos, de momento, hasta aquí denunciados, esta Fiscalía Federal, deja planteado a V.S. que proceda al llamado de indagatoria”.
“Habiéndose incorporado al expediente prueba que fuera solicitada por esta Fiscalía Federal, en el requerimiento de instrucción oportunamente presentado, y toda vez que se ha constatado y certificado por parte del Escuadrón de Inteligencia Criminal, Buenos Aires Sur, de Gendarmería Nacional, quienes se encontraban presentes en la reunión celebrada el día 15 de junio de 2017 en la sede del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que vengo a ampliar la imputación, respecto de Marcelo Jaworski, Director General de COPETRO, Adrián Grassi, ex Subsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Gigante, ex Ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario, Juan Pablo Allan, Senador de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Oscar del Río, presidente de APYMECO, Fernando Sacrachi, Director de ACIP, Guillermo Moretto, Presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata, Ricardo José Alconada, presidente de OCSA, Julio César Garro, actual Intendente municipal de la ciudad de La Plata, Bernardo Zaslascky, director de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (ACIMCO), Juan Sebastián De Stéfano, Darío Alberto Biorci, y Diego Luis Dalmau Pereyra -éstos tres último pertenecientes, a la fecha del hecho, a la Agencia Federal de Inteligencia-, como así también a toda persona que resultare autor/a, autor/a, cómplice, partícipe y/o instigador/a de los hechos, vinculados a los acontecimientos, hasta el momento, denunciados por la Sra. Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, doctora Cristina Caamaño Iglesias Paiz, cuya investigación se insta, y que pudieran ser identificados en el devenir de la instrucción”, expresa el texto de la fiscal Ruso.
En esa reunión de 2017, Villegas dice: “Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios lo haría. Ahora: las leyes son las leyes, tengo que modificar la Ley 10.430, sacarles estabilidad a los empleados públicos de la provincia, cosa que por ahí dentro de 100 años un nieto mío lo vea”.
Y destaca: “Hemos chequeado con la Procuración (General, que sigue a cargo de Julio Conte Grand), Fiscalía, con el juez que eso va a funcionar. Fue el primer paso hace unas cuantas semanas atrás. En segundo lugar, tenemos que hacer que esas declaraciones individuales lleguen. Tenemos que hacer que la Fiscalía, entre las muchas líneas (inaudible), una que es que prácticamente desapercibida que lo oficien al Ministerio de Trabajo para saber yo que sé de todo esto y qué información tengo; ahí es donde valen las notas de ustedes”.
