Domingo 24.9.2023
1.9.2023. Este viernes se presentó ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, la Procuración General de la provincia de Buenos Aires la notificación del inicio de una denuncia penal que involucra a las máximas autoridades nacionales, bonaerenses y municipales de varios distritos en relación a una supuesta asociación ilícita.
De acuerdo a los escritos a los que tuvo acceso este portal, la denuncia en cuestión pide que se investiguen defraudaciones al Estado nacional, provincial y municipal. Al respecto, el texto menciona que en los supuestos ilícitos “participan funcionarios nacionales, provinciales, municipales, privados, martilleros, abogados y particulares”.
“Denuncio delitos de desvío de fondos de las tres jurisdicciones, lavado de dinero proveniente de actos ilícitos dentro de las funciones públicas”, señala Héctor Daniel De Olivera, el denunciante en cuestión.
Seguidamente, De Olivera agrega que en su escrito hace referencia al “lavado de dinero proveniente de crimen organizado; liberación de zona para la venta de drogas y la venta de mis propiedades, las cuales fueron usurpadas por funcionarios públicos nacionales, provinciales, municipales, policiales y judiciales”.
El origen de esas denuncias tienen que ver con un reclamo de vieja data por parte de De Olivera: la usurpación de terrenos de su pertenencia. En uno de sus escritos, menciona al intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, a quien le asegura: “Soy dueño legal y legítimo del predio El Ombú”; y que “está denunciado penalmente usted y su banda delictiva”, además de asegurarle que “no voy a parar hasta verlo presos a todos ustedes”.
Hace ya varios años, el denunciantele habíaencontrado un fin social a los terrenos de su propiedad distribuidos en distritos de la provincia de Buenos Aires y la respuesta fue completamente inesperada en los municipios implicados: prácticamente, el propio Estado se los usurpó.
“Previo acuerdo institucional con cada una de las administraciones para coordinar los pasos a seguir, ofrecí a muy bajo costo las propiedades -casi una donación- para que después los municipios puedan construir viviendas y dar soluciones habitacionales a alrededor de 50 mil familias”, recordó.
Seguidamente, De Olivera aseguró que “en ninguno de los municipios implicados aceptaron mi propuesta”. Específicamente, detalla que sus propiedades se encuentran en Pilar, Luján, Presidente Perón, San Vicente, Ezeiza, Berazategui, Florencio Varela, Magdalena, Punta Indio, Morón, Moreno, La Plata y La Matanza.
“La peor respuesta que tuve en todos esos distritos fue la usurpación de mis terrenos”, señaló, para luego asegurar que “ofrecí una solución habitacional para 50 mil familias para que tengan escrituras, lo que a su vez les permite a los municipios y a la Provincia recaudar impuestos”.
Tras largos reclamos sin respuestas, en la mañana de este viernes De Olivera se presentó personalmente para entregar los escritos dirigidos al Procurador General, Julio Conte Grand; y al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Gabriel Torres.
En el texto entregado a Conte Grand, expresó: “Me dirijo a usted, con el mayor de los respetos que su cargo representa, y, deseo de corazón como ciudadano de bien y mi fe en Dios, que usted sepa honrar y ajustado a derecho tome intervención inmediata”.
“Atento a la gravedad del tenor de mi denuncia, la cual hice telefónicamente a su privada y hoy ratifico por escrito. Ya que no recibí ninguna respuesta de asistencia a la víctima y mucho menos de un fiscal idóneo”, agregó.
En definitiva, Conte Grand en primer lugar y Torres minutos más tarde fueron notificados de las denuncias penales contra los siguientes funcionarios nacionales:
I- Al Presidente de la Nación, Alberto Fernández
II- A la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner
III- Al diputado nacional Máximo Kirchner
IV- Al escribano Pablo Scatolini (Hábitat Nación)
V- Al ministro de Hábitat, Santiago Maggiotti
VI- Al ex jefe de Gabinete, Juan Manzur
VII- Al actual jefe de Gabinete nacional, Agustín Rossi
VIII- Al ex ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi
IX- Al ministro de Seguridad, Aníbal Fernandez
X- Al diputado Daniel Arroyo
XI- A la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz
XII- Al secretario Emilio Pérsico
XIII- Al canciller Santiago Cafiero
Luego, De Olivera hizo lo propio con su denuncia penal contra funcionarios provinciales:
I- Al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof
II- A la vicegobernadora Verónica Magario
III- Al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque
IV- Al Sr. Santiago Fidanza
V- A la fiscal Karina Guyet
VI- Al juez de Garantías de Cañuelas, Martín Miguel Risso
VII- Al secretario del juzgado 8, Leandro Ariel Patetta
VIII- Al ministro de Seguridad, Sergio Berni(por “liberar zonas y encubrimiento”)
IX- Al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak
X- Al director del Registro de la Propiedad inmueble, a los directores de áreas, a la directora de legales “por retención indebida de escrituras (3 años) inscripción de boletos de compra venta ilegales para lavar dinero del narcotráfico y coimas políticas, etc…”.
Respecto a los denunciados penalmente de los ámbitos municipales, se encuentran:
1- Intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza
2- Director de Hábitat, Leonardo Lino
3- Intendente de Punta Indio, David Angueira
4- Director de obras publicas en Punta Indio, Raúl Micheli
5- Jefe de catastro municipal Punta Indio, Rafael Adamcik
6- Ex intendente y actual funcionario de Vialidad Provincial, Hernan Y
Zurieta
7- Intendente de Florencio Varela, Andrés Watson
8- Intendente de Berisso, Fabian Cagliardi
9- Intendente de Pilar, Federico Achával
10- Intendente de Berazategui, Juan José Mussi y su antecesor,Patricio Mussi
11- Intendente de Luján, Leonardo Boto
12- Intendente de Moreno, Mariel Fernández
Particulares denunciados
En el escrito ingresado a la Procuración, De Olivera también hace mención a particulares:
1- Escribano Patricio Lustig (“fraguador de papeles para funcionarios públicos nacionales, provinciales, municipales y particulares, por ejemplo, el gobernador Axel Kicillof y el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, etc…”, precisó).
2- Martillero Público y “lavador de dinero” (Marcelo Chappessoni)
3- Ulises Hermida, funcionario del Servicio Penitenciario Bonaerense de Magdalena (“Usurpador, ladrón de hacienda”, dijo).
4- Sandra Ramírez (“paraguaya narco, robo de identidad, etc.”, sostuvo)
5- Ezequiel Trenchi (“venta de droga y lotes sin papeles”, agregó)
6- Mercedes Ramírez De Trenchi (“venta de droga y lotes sin papeles”, señaló)
7- Sebastián Astengo Morando (“víctima de identidad por su madre Sandra Ramírez, puso apellido para robarse propiedades”, indicó en el escrito).
8- “Abogado de narcos”, Mariano Adrián Pomares y socios
9- Francisco Renga (“papelero”) socio de Emilio Pérsico.
10- Mónica Petrino. Martillera de San Vicente, “fraguadora de papeles de mis lotes” (El Viejo Ombú)
“Solicito tengan presente mi relato y den intervención a la Justicia Federal de Comodoro Py en la parte que corresponda a la Justicia Federal por competencia. Ya que la Cámara Federal de La Plata y sus jueces están contaminados y captados por el orden político vigente y no son idóneos ni garantes del estado de derecho que me asiste”, reclamó De Olivera en su presentación.
Seguidamente, destacó que “tal cual se ve en los archivos de mis denuncias sin investigar nada, con el agravante de vulnerar todas las garantías de un ciudadano de a pie que además de sufrir reiterados robos de sus bienes, sufre el abuso de autoridad y discriminación judicial por padecer una enfermedad que ellos provocaron por el retardo de justicia”.
“Abuso de poder, ser parte necesaria del robo de 50.000 lotes de mi propiedad. Tal cual surge de lo que acreditó el (fallecido) juez federal Claudio Bonadio, la Cámara Federal, Martin Irurzun y la Sala 3 de La Plata y los jueces de 1ra instancia. Borran con el codo sucio todos mis derechos y avasallan la propiedad privada”, sostuvo el demandante.
A su vez, en los textos entregados en la Procuración y en la SCJ manifestó que “todo el universo de personas y funcionarios nacionales, provinciales, municipales y particulares actúan en forma conjunta y alternada para el robo y desfalco del Estado y de los ciudadanos”.
“Como ejemplo, usaron el prestigio y buen nombre del grupo desarrollador inmobiliario ‘Caputo’, en San Vicente, donde se robaron $1.116.000.000 en un dibujo inmobiliario”, precisó De Olivera.
En tal sentido, agregó que eso se hizo con “dinero que pagó Nación en forma directa a través del Ministerio de Hábitat de la Nación (Santiago Maggiotti y Pablo Scatolini) haciendo una supuesta compra”.
Respecto a pruebas y testigos presentados, De Olivera detalló:
1- Números de expedientes en Nación con mi oferta de lotes
2- Números de expedientes en Provincia con mi oferta de lotes
3- Email de comunicación formal
4- Teléfonos celulares de todos los funcionarios y particulares con los que me comuniqué y no hicieron nada con mis denuncias a disposición de peritar
5- Testigos a disposición
“Solicito medidas de seguridad y garantías judiciales para ratificar y ampliar urgente”, concluyó.
