Viernes 26.4.2024
13.6.2018. Tal lo informado por este portal en varios informes, las fotomultas realizadas por los agentes de tránsito de los municipios bonaerenses que están amparadas en convenios con el Gobierno provincial, son absolutamente ilegales.
Como se recordará, se había señalado que las notificaciones de dichas infracciones eran ilegales, dado que no estaban firmadas por el funcionario responsable mediante el procedimiento de “firma digital” y que, por el contrario, sólo había una firma escaneada, por lo que el funcionario no tenía conocimiento de la existencia de esa infracción.
“Ese procedimiento, en sí, transforma el acta de notificación en un hecho ilegal”, sostuvo en su momento una de las fuentes consultadas. Por esa razón, tanto la gobernadora María Eugenia Vidal como varios intendentes bonaerenses estaban a un paso de ser denunciados penalmente por ser los responsables de que se cometan delitos en esa materia.
Al respecto, cabe destacar que un caso particular sucedió en las últimas semanas en la ciudad de La Plata: al darse cuenta de esa ilegalidad, el Subsecretario de Convivencia y Control Urbano municipal, Roberto Di Grazia, redactó de inmediato una nota al juez de Faltas platense, Fernando Centeno, en la que negó tajantemente que las firmas que figuraban en las notificaciones eran de su autoría, lo que dejaba en claro la enorme irregularidad que se estaba cometiendo.
Lo que Di Grazia había “firmado” en dichas notificaciones eran supuestas infracciones por exceso de velocidad captadas por cámaras, comúnmente denominadas fotomultas, en las que figuraba su firma “escaneada”.
Con esa acción, el municipio de La Plata tomo noción de la gravedad de la situación y, de inmediato, rompió el convenio que autorizaba a la Gobernación a la realización de los “controles de velocidad” en dicha ciudad.
Complicidad de un juez provincial
Pero el nuevo problema radica, ahora, en que la administración Vidal sigue juzgando las fotomultas ilegales platenses, con la complicidad del juez de Faltas provincial, José Ariel Irazu.
Ante la ruptura del convenio con la Municipalidad de La Plata sobre las supuestas multas de exceso de velocidad, la gestión Vidal no se hizo problema y sigue juzgando las mismas.
Aunque a Irazu le adjuntan la nota de Di Grazia en la que niega la autoría del acta con su firma, o sea, quitándole todo valor legal a la supuesta infracción, responde casi de manera irónica: “No me conmueve… lo sentencio” o “Que la constatación de la falta no ha sido desvirtuada”.
Así, quienes trabajan la cuestión comentan que Irazu “ignora las claras pruebas de falsedad, cometiendo los delitos de falsificación de documento público, estafas reiteradas y asociación ilícita”.
“Todo eso suma un total de 16 años de prisión, en caso de ser encontrado culpable, cuestión fácilmente comprobable, ya que está toda la documentación que acredita los ilícitos”, agrega la fuente.
Violación de la Constitución Nacional
Otro aspecto analizado por los especialistas en el tema es que, además, la gestión Vidal “viola flagrantemente la Constitución Nacional”.
El artículo 123 de la Constitución Nacional es claro: "Cada provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto por el Artículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”.
En ese aspecto, destacan entonces que “la Provincia no puede juzgar supuestas infracciones platenses, sin la autorización del Municipio, la cual ya no tiene”.
La sentencia del 21 de marzo de 1989 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Caso Rivademar) sostuvo la autonomía municipal, lo que la administración de Cambiemos “viola diariamente, de la mano del juez provincial Irazu, quien comete diariamente innumerables delitos penales”.
La provincia de Buenos Aires atrasa 24 años. En 1994, la reforma de la Constitución Nacional declaraba necesario avanzar en la autonomía municipal plena, pero la Provincia, y la actual gestión, parecen olvidarse tal mandato.
