Viernes 26.4.2024
28.6.2018. Los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están en riesgo sanitario: en el lugar menos pensado pueden contagiarse todo tipo de bacterias culpa de sábanas, toallas o manteles que son mezclados en lavanderías industriales que no cumplen con las medidas de seguridad e higiene exigidas y que a su vez prometen respetar.
Pese a tal situación, aunque parezca inverosímil, hay agravantes: los lavaderos industriales que fueron concesionados para brindar el servicio a clínicas privadas y hospitales públicos de la provincia de Buenos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de La Plata y Mar del Plata, entre tantas otras, están clausurados.
Esto sucede con las empresas Asepsia Lavandería Industrial y Apparel Argentina. Ambas trabajan de manera conjunta: la primera le envía a la segunda los “excedentes” que posee en sus instalaciones para cumplir con la promesa de prestar el servicio en tiempo y forma a sus clientes.
El caso de Asepsia es muy particular. La empresa fue denunciada por utilizar a presos de la cárcel de Batán (en el Partido de General Pueyrredón, cuya cabecera es Mar del Plata) para ahorrar costos laborales y a su vez cumplir con sus clientes: empresas de salud de primer nivel. Pero además, Asepsia trabajó con presos de la Unidad N° 10 de Melchor Romero, localidad del oeste de la ciudad de La Plata.
Al ser descubiertas esas anormalidades mediante denuncias y tras la intervención judicial correspondiente, el contrato del lavadero con las cárceles fue rescindido.
Al no estar habilitados físicamente sus lavaderos en las cárceles por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), dicha empresa cometió un nuevo fraude, esta vez respaldado por la empresa colega Apparel Argentina: utiliza sus instalaciones de manera ilegal, dado que esta última compañía no cuenta con la habilitación otorgada para los establecimientos carcelarios bonaerenses.
Pero las irregularidades no se agotan: desde el 14 de junio último, Apparel Argentina está clausurada por el Gobierno porteño encabezado por Horacio Rodríguez Larreta.
Ese día, se hicieron presentes en las instalaciones de la calle Guevara al 1200 funcionarios responsables del Gobierno porteño y de la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal para proceder a la clausura.
Una denuncia presentada en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires da cuenta de que dichas fajas de clausura “fueron quitadas horas después por personas cuyas identidades se desconocen”, hecho que posibilitó “el normal funcionamiento del lavadero”
En dicha denuncia se señala, además, que los camiones de Asepsia “provienen de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires e ingresan a la madrugada a la Ciudad de Buenos Aires para luego descargar su ropa sanitaria en Apparel Argentina”.
“Dicha ropa sucia e impregnada con residuos patogénicos es transportada en vehículos de la firma Asepsia que no están habilitados por la Agencia de Protección Ambiental (APRA) de la Ciudad, por lo tanto, tiene prohibido el ingreso y traslado de ropa sanitaria” en el mencionado distrito, señala el escrito.
Desde el 14 de junio a la fecha, y especialmente en horas de la madrugada, los camiones de Asepsia atraviesan la frontera Provincia-Ciudad para dirigirse hasta la sede de Apparel Argentina, en el porteño barrio de la Chacarita.
