Jueves 25.4.2024
23.7.2018. Con motivo de la situación económica, con un Estado incapaz de disminuir el gasto público sin perjudicar al ciudadano de a pie, la gestión del presidente Mauricio Macri encontró una forma de evitar uno de los hechos de corrupción más importante de la Gestion K pero que de todos modos sigue como si nada hubiera pasado: los negociados con las universidades.
A vista de la enorme cantidad de dinero que “desaparecía” del Estado por medio de estos “convenios” con las universidades, la gestión Macri crea el Decreto 20180710, que prohíbe al Estado y las empresas con su participación en decisión, a realizar ningún convenio con universidades e institutos educativos, buscando de esta forma, que la búsqueda del déficit fiscal no pase sólo por los tarifazos, despidos u otra acción que siga sacrificando a los ciudadanos y las Pymes como principales víctimas.
Con ese Decreto, será la clase política la que deberá “ceder” de sus “ganancias oscuras” que obtenían y siguen obteniendo, en base a los negociados con las Universidades.
Con alegría veíamos, al comienzo del Gobierno K, cómo se preocupaban en acercar las universidades a distritos sin acceso a ellas, pero a la vez observábamos que no existía la misma preocupación para mejorar, con el mismo impulso, los niveles primarios y secundarios, ni edilicia ni formativamente, ya que se observaba el deterioro edilicio sumados a los gravísimos problemas de interpretación de texto que se veía en los ingresantes a las nuevas Universidades, haciendo mucho más dificultosa su capacitación.
Poco a poco, por los escándalos que surgían con convenios escandalosos entre los gobiernos municipales, provinciales, o el Nacional con las Universidades, en donde se percibían gigantescos sobreprecios sin necesidad de pasar por licitación al tratarse de convenios entre organismos del Estado, sumado a que las Universidades no le rinden cuentas a nadie (por más que deberían hacerlo en las asambleas, en las que no se tratan los ingresos de servicios brindados a terceros) se vio el enorme negociado de corrupción en que se habían convertido las universidades (tal vez uno de los mayores, si sumamos todos los convenios) desvirtuando totalmente su objetivo más noble.
Son conocidos los enormes sobreprecios sin rendición, y en muchos casos sin servicio real rendido, de las Universidades a la Nación (Tecnópolis, Centro Cultural Kirchner), con la Provincia (Lotería de la Provincia) y con municipalidades (como el Estacionamiento Medido en La Plata) entre muchísimas otras, de las que casi ninguna Universidad sale indemne.
El caso del Estacionamiento Medido en La Plata ya fue abordado por este portal en sucesivas notas hace varios meses. Allí se destacaba que dicha ciudad fue la primera en América Latina en contar con este sistema, totalmente desarrollado por el Estado Municipal, por lo que el sistema era propiedad del Municipio, cumpliendo con todos los procedimientos y garantías legales, transparencia, practicidad, lo que hizo que fuera replicado en todo el país.
La secretaria de Modernización del municipio, Alejandra Sturzenegger, le propuso una solución al intendente justicialista Pablo Bruera, en relación al “problema” del ingreso de un millón de “dólares” mensuales que “no tenían gasto pero a la vez no se podían tocar”: un convenio con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
El “tema a solucionar” era que la municipalidad de La Plata ya contaba con un sistema propio, con gran cantidad de publicidad, notas de prensa nacional y congresos nacionales oficiales, en donde Sturzenegger destacaba que ella misma había desarrollado dicho sistema para el municipio. O sea, que era propiedad del municipio pero le encontró una inteligente solución: se desdijo rápidamente afirmando que lo había desarrollado la UNLP.
Así desembarcó la UNLP en el sistema de Estacionamiento Medido de La Plata, haciendo una pésima copia del sistema, que cuenta con enormes fallas que hacen que el sistema sea totalmente ilegal.
Y los números de la recaudación abruman: cuando el sistema era propiedad del municipio, se cobraba $ 1 (un peso) la hora y contaba con 2.500 lugares, ingresaba más dinero al Estado Municipal que cuando el precio de la hora era $ 6 (seis pesos) con cerca de 8.000 lugares pero el detalle pasa por la UNLP, por lo que se “pierde” mucho dinero en el camino.
Por casos como este, el Decreto 20180710 intenta poner fin al negociado enorme que significan los convenios entre el Estado y las Universidades, para que los políticos también participen en el ajuste, pero no en lo que respecta a las obras a realizar, sino en la “plata negra” que se llevan a sus bolsillos con esos manejos, que son un desangre constante que intenta detener, por urgencias, el Gobierno Nacional en busca de detener los “gastos innecesarios”.
Igualmente, ante estos obstáculos, hecha la ley, hecha la trampa: ya hay empresas como Plusmobile que sirven de intermediarias, dado que no hace aparecer a la Universidad como la que presta el servicio, aunque en realidad lo hace, siendo una competencia desleal porque la Universidad tiene toda la infraestructura pagada por los ciudadanos con sus impuestos; en cambio las empresas tienen que mantenerlo con sus ingresos, siendo imposible la competencia aunque posean sistemas mejor desarrollados las empresas… La viveza criolla nos sigue destruyendo.
