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15.7.2019. Durante una entrevista exclusiva con este portal en la Unidad Penal N° 9 de La Plata donde se encuentra detenido desde el 30 de abril de este año, el policía José Antonio Cácere confirmó que su familia “pidió una audiencia a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, a quien le quieren explicar las irregularidades cometidas durante todo el proceso judicial” que terminó con su condena a perpetua.
“Mi familia quiere que la gobernadora Vidal sepa y conozca nuestra versión de los hechos, especialmente de la injusticia que se cometió conmigo y con mis tres compañeros”, dice el policía bonaerense.
Cabe recordar que Ernesto Conti, Ricardo de La Canal, Roberto Percuoco y el mencionado Cácere fueron condenados a cadena perpetua desde que para la justicia quedó acreditado que tuvieron responsabilidad directa en la detención y posterior muerte de Ariel Canizzo, un joven que era buscado por delitos cometidos.
El caso de referencia comenzó el 22 de octubre de 2011. Ese día, aparecía muertoCanizzo en el calabozo de la Comisaría 4ta de Berisso ubicada en la localidad de Villa Argüello. Poco antes había sido detenido en su domicilio por los cuatro policías mencionados, quienes prestaban servicios en la Comisaría 3ra (El Carmen).
Al no poder alojarlo en los calabozos de dicha dependencia lo llevan a la Comisaría 4ta de Villa Argüello. Allí lo dejan y se retiran.
A las 12 ó 13 horas de estar tras las rejas de ese lugar, Canizzo aparece muerto. Allí empezaron las investigaciones judiciales que terminaron en el juicio que se llevó a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de La Plata.
Lo que Cácere pretende junto a su grupo de compañeros detenidos es que el caso se revea debido a las “irregularidades que se cometieron por presiones de referentes de derechos humanos”, dado que “tanto el expediente como el fallo que se dictó fue armado a pedido de una de esas organizaciones”.
“Desde mi punto de vista, creo que gran parte de la justicia platense es acosada por organizaciones de derechos humanos cada vez que un policía es acusado de un presunto delito”, expresó Cácere, quien dijo vivir tal circunstancia en primera persona.
Consultado respecto a ese análisis, el policía platense no dudó en mencionar, por ejemplo, a la Asociación Miguel Bru: “Sin saber ni haber estudiado derecho, me di cuenta de la injerencia y los métodos arbitrarios que tienen las abogadas y los abogados de esa entidad para, prácticamente, guiar las causas”.
“La forma y el trato con el que se manejan, cómo desestiman argumentos y la facilidad que tienen para ingresar a los despachos judiciales es alarmante”, expresó el oficial principal.
En ese análisis, el policía detenido en la U9 sostiene que “digan lo que digan nuestros abogados, los de la Asociación Bru jamás los escucharán… es más… hasta se dan el lujo de subestimarlos con burlas y con una soberbia notoria”.
“Para muchos es más fácil decir que se condenó a cuatro policías en lugar de decir que fueron absueltos porque hicieron bien su trabajo”, agregó Cácere.
Siguiendo esa línea argumentativa, sostiene que “en lo que respecta a una gestión de Gobierno, tanto la gobernadora Vidal como el ministro (de Seguridad, Cristian) Ritondo son los primeros beneficiarios del buen trabajo que hace la Policía”.
Juicio con pocos testigos y pruebas desestimadas
Uno de los indicios que dieron cuenta de que algo podía andar mal en la instancia del juicio oral iniciado el 1° de abril, fue la desestimación de los testigos aportados por la defensa de los policías: de 100 propuestos, solamente le tomaron declaración a 23.
“Desaparecieron pruebas fundamentales para la causa, como ser las fotos originales tomadas al cuerpo de Canizzo durante la autopsia que le realizaron los peritos”, recuerda Cácere, para luego agregar que “en cambio, en el juicio, se tuvieron en cuenta unas fotocopias en blanco y negro que aportó el abogado de la Asociación Bru”.
Al ahondar en ese aspecto, comenta que “en esas fotos a color se podía observar que Canizzo no tenía golpes ni ropa ensangrentada, como en su momento dijeron desde la Asociación Bru”.
“Y también tenía sus zapatillas, que también habían dicho que se las robamos”, acotó Cácere. Sin embargo, esas fotos habían quedado guardadas en un pendrive que se encontró más tarde en el juzgado, pero algo pasó: “La parte damnificada dijo que se oponía a que las presentemos en el juicio porque la etapa de pruebas estaba cerrada, entonces los jueces aceptaron esa postura y no lo permitieron”, recordó.
Cabe mencionar que una vez conocida la muerte de Canizzo, el fiscal interviniente, Marcelo Romero, cita a los cuatro policías para iniciar una causa como “averiguación de las causales de muerte”.
“Ahí interviene la Asesoría Pericial de la provincia de Buenos Aires y los peritos forenses Andrea Sánchez y Juan José Granillo Fernández, fueron los encargados de realizar la autopsia”, explicó Cácere.
Seguidamente, agregó que “ese informe determinó que Ariel Canizzo murió por causas naturales, por corazón agrandado y por consumo de sustancias tóxicas y edema de pulmón”. Por lo tanto, Romero pidió la absolución de Conti, De La Canal, Percuoco y Cácere.
“Una vez que está por cerrarse la causa, ingresa la Asociación Bru a favor de la parte damnificada. La entidad presenta un perito de parte que, por medio de fotocopias de fotos, dice que Canizzo tenía golpes”, recordó Cácere.
Tras esa presentación, el fiscal Romero toma contacto con el entonces juez de Garantías, César Melazo, quien decide recaratular la causa a “presuntos apremios ilegales” y le dio intervención a la parte damnificada.
En 2015, se hace un careo entre los peritos de la Asesoría con el de parte, Omar Ledesma, y no se ponen de acuerdo. Los primeros decían que fue por muerte natural y el de la Asociación Bru dijo que fue por los golpes recibidos.
Como se señaló, el juicio comenzó en abril con la carátula “presuntos apremios ilegales”. Los cuatro policías llegaron libres a esa instancia, aunque “nos encontramos con la dura sorpresa de que la Asociación Bru logró modificar la carátula a ‘homicidio agravado’”, destacó Cácere.
El juicio se llevó a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 integrado por Hernán Decastelli, Cecilia Sanucci y del TOC N° 2, Silvia Hoerr (quien se sumó por ausencia de un integrante del N° 1). Por la parte oficial acusatoria estuvo el fiscal de juicio Martín Chiorazzi.
Decastelli y Sanucci votaron por la condena a cadena perpetua. En cambio, Hoerr decidió votar en disidencia debido a que no la conformaron las disidencias médicas y se inclinó por “apremios ilegales”.
Tal vez ese voto de la jueza del TOC N° 2 fue el que abrió la puerta a una nueva oportunidad, dado que los abogados defensores de los cuatro policías lograron que la Sala V de Casación aceptara las apelaciones presentadas para reconsiderar las penas impuestas.
La Sala V –integrada por Daniel Carral y Mariano Borinsky- aceptó los recursos de queja presentados y dispuso realizar la audiencia correspondiente, aunque falta definir día y horario de la misma.
“Esa es nuesta última esperanza”, concluyó Cácere.
